El Tribunal Constitucional ha avalado el dictamen de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el accidente aéreo de Spanair ocurrido en 2008, que dejó 154 muertos y 18 heridos. La decisión ratifica la responsabilidad política señalada en su momento hacia varios altos cargos del Gobierno socialista de aquella época.
La resolución del Constitucional desestima los recursos presentados por Magdalena Álvarez, quien en 2008 ocupaba el cargo de ministra de Fomento, y por el expresidente de AENA Manuel Azuaga, que habían cuestionado las conclusiones de la comisión parlamentaria aprobadas en 2021. Según adelantó eldiario.es y confirmaron fuentes jurídicas a EFE, el tribunal considera que el dictamen se ajusta a los procedimientos legales y no vulnera derechos fundamentales.
Negligencia institucional
El informe aprobado en el Congreso, con el voto en contra del PSOE, señalaba la existencia de una cadena de errores que provocó el colapso de los sistemas de seguridad antes, durante y después del accidente. La comisión concluyó que tanto el Ministerio de Fomento como AENA no garantizaron los controles adecuados ni actuaron con la diligencia necesaria para evitar el siniestro.
Las familias de las víctimas han valorado positivamente la resolución judicial, ya que consideran que se ratifica la negligencia institucional en la gestión del accidente. Por su parte, sectores vinculados al PSOE han expresado su malestar por el fallo, alegando que se trata de una judicialización del debate político.
El respaldo del Tribunal Constitucional consolida el dictamen parlamentario como un paso significativo para el reconocimiento de responsabilidades políticas en uno de los accidentes aéreos más graves de la historia de España. La sentencia, además, refuerza el papel del Congreso en la fiscalización de la gestión pública, especialmente en casos que involucran la seguridad aérea.