La visita que el agitador de ultraderecha Vito Quiles hizo a la Universidad de La Laguna el pasado 14 de noviembre se ha saldado con una propuesta de sanción para algunos de los organizadores de la concentración “antifascista” convocada en respuesta a la visita de Quiles. Al menos dos de los convocantes han recibido ya una sanción de 100 euros por no haber comunicado previamente la concentración, una versión que choca directamente contra la versión de la ULL, que asegura que sí informó previamente de esta concentración en sus instalaciones. 

Entre los convocantes de esta concentración hay incertidumbre ante la previsión de que lleguen más sanciones. El medio Radio Club Tenerife ha publicado que se ha propuesto a cuatro de los estudiantes para sanción, citando a fuentes de Subdelegación del Gobierno. Otra de las sanciones sería para el propio Quiles, por haberse saltado el cordón policial y por su convocatoria de concentración sin aviso previo.

Expedientes en trámite

Desde Delegación del Gobierno no han querido confirmar a Atlántico Hoy que se han propuesto a cuatro personas la sanción, así como a Quiles. Este medio sí que ha podido saber que dos de los convocantes ya han recibido el expediente sancionador. Pese a ello, de lo que sí han informado por parte de la Delegación es que “a día de hoy los expedientes están en trámite y no se puede determinar su resolución final pues depende de las alegaciones e informes policiales que se soliciten durante la tramitación”. 

La propuesta de sanción choca contra la versión de ULL, que asegura que los convocantes “antifascistas” sí tenían el permiso para concentrarse en el parking de la Facultad de Derecho. De hecho, desde la ULL informan que la propia institución, a través del jefe del departamento de seguridad, puso en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno la concentración contraria a Vito Quiles. De esta manera sí que habría habido una información previa de la concentración. 

Autorizada por el recto

Desde la institución académica, insisten en que la concentración contra Quiles fue “debidamente comunicada” al Rectorado y que corresponde al rector "autorizar los actos públicos que hayan de celebrarse en los edificios, instalaciones o espacios de la Universidad". Por ello lamentan que miembros de la de la comunidad universitaria estén siendo objeto de los expedientes sancionadores “no realizar la preceptiva comunicación”. 

Ante esta situación, desde el Rectorado han informado que se ponen a disposición para aportar la documentación acreditativa correspondiente. También quieren dejar claro desde la ULL que “el día 15 de noviembre, ante la gravedad de lo sucedido, solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno un informe detallado y urgente sobre el dispositivo policial desplegado el día anterior en el Campus de Guajara”, un informe, que aseguran que no han recibido.