Canarias se enfrenta a una crisis habitacional sin precedentes que ha transformado el mercado inmobiliario en el principal motor de la vulnerabilidad social. El IX Informe FOESSA presentado este lunes revela que una de cada tres personas presenta algún rasgo de exclusión residencial en las Islas. Este sobreesfuerzo para hacer frente al pago del alojamiento y los suministros empuja a más de 122.000 hogares por debajo de la pobreza severa. El portavoz del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, Thomas Ubrich, ha señalado durante la presentación de estos datos que acceder y mantener una casa es hoy uno de los principales motores de exclusión.

La situación se agrava al observar el estado del parque de inmuebles, ya que 218.000 personas viven en una vivienda insegura y 342.000 lo hacen en condiciones inadecuadas, sufriendo escenarios de mala habitabilidad o insalubridad. El informe detalla que entre 2018 y 2024 el precio de compra aumentó cerca de un 38%, lastrado por una oferta limitada y un mercado turístico muy absorbente.

En el caso del alquiler, la cuota mediana subió un 25%, con incrementos que rondan el 29% en Santa Cruz de Tenerife y el 19% en Las Palmas. Ante este escenario, Ubrich ha advertido de que la vivienda se ha convertido en un auténtico "derecho fake" en el Archipiélago.

Empleo sin protección

A esta grave crisis inmobiliaria se suma un mercado laboral que ha perdido su capacidad histórica para garantizar la integración social plena. Aunque la tasa de paro ha descendido seis puntos hasta el 14% en los últimos años, el empleo ya no actúa como escudo protector para muchas familias. Las conclusiones de Cáritas y FOESSA inciden en la paradoja de que se trabaja más, pero disponer de un empleo ya no garantiza estabilidad.

El incremento del coste de la vida ha neutralizado en gran medida las mejoras salariales, provocando que el aumento adquisitivo prácticamente desaparezca devorado por la inflación, situándose en apenas un 2,2% de mejora en términos reales. Además, el salario medio en Canarias sigue un 14% por debajo de la media estatal. Como ha remarcado el portavoz de la entidad durante su intervención, el empleo integra, pero ya no siempre sostiene a los ciudadanos frente a la precariedad.

Exclusión estructural y crónica

Las severas dificultades para acceder a un techo y a un sueldo que compense el coste de la vida son las claves que explican por qué más de 560.000 personas viven en exclusión social en Canarias, lo que representa la tasa más alta del Estado con un 25,5%. El crecimiento económico reciente no se ha traducido en cohesión social, consolidando la vulnerabilidad de una parte importante de la población. Ubrich ha sentenciado al respecto que la riqueza se reparte de forma desigual y la exclusión se mantiene como un problema estructural y cronificado en las Islas.

Las personas afectadas por esta precaria realidad no permanecen al margen, dado que la inmensa mayoría trabaja, busca empleo de forma activa, se forma o participa en itinerarios de inclusión. Sin embargo, el informe concluye con total contundencia que no fallan las personas, sino que falla el sistema. El investigador de FOESSA ha lamentado que el problema real no es la falta de iniciativa de los ciudadanos, sino un sistema que exige activación constante sin ofrecer los apoyos suficientes, obligando a los hogares a chocar reiteradamente contra recursos fragmentados y claramente insuficientes.