La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias ha incorporado cuatro nuevos funcionarios a las fiscalías provinciales del archipiélago con el objetivo de agilizar la tramitación de expedientes de menores migrantes no documentados, según informó este viernes el Ejecutivo autonómico.

La medida responde a una solicitud de la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, y se concretó el pasado 6 de octubre con la incorporación de dos tramitadores en la Fiscalía de Las Palmas y otros dos en la de Santa Cruz de Tenerife. El refuerzo busca aliviar la carga de trabajo derivada de los 1.200 menores solicitantes de protección internacional que permanecen bajo tutela del Gobierno de Canarias, además de los 1.800 que deben ser derivados a centros en otras comunidades autónomas.

Pruebas forenses más rápidas

La Consejería indicó que también se han acelerado las pruebas de estimación de edad en los Institutos de Medicina Legal (IML) de ambas provincias, a los que se ha dado prioridad en los procedimientos. En Las Palmas, las pruebas se realizan directamente en el IML, que remite el informe a la Fiscalía, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se efectúan en hospitales o centros médicos, cuyos resultados se envían al IML tinerfeño antes de llegar a la Fiscalía.

El Gobierno autonómico ha recordado que continúa aportando recursos materiales, humanos y económicos para atender a estos menores, a la espera de que el Estado asuma la tutela de los solicitantes de asilo y ejecute las derivaciones contempladas en el Real Decreto 658/2025. La solicitud de refuerzo de personal fue recibida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia el 23 de septiembre y aprobada una semana después por la Mesa Sectorial de Justicia.