Conseguir una vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas cotidianos de Canarias, tanto que forma parte del día a día de las conversaciones entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. El encarecimiento de la compra y del alquiler, unido a una oferta limitada y a años de escasa construcción de vivienda protegida, ha ido estrechando las opciones de quienes no pueden acudir al mercado libre. Y hay un dato que permite medir parte de esa presión, 36.950 personas están inscritas actualmente como demandantes de vivienda protegida en las islas.
La cifra figura en una respuesta del Gobierno de Canarias a una pregunta parlamentaria presentada el pasado 23 de abril por la diputada Carmen Rosa Hernández Jorge, de Nueva Canarias-Bloque Canarista. El dato, facilitado por el Instituto Canario de la Vivienda, adquiere una dimensión distinta cuando se compara con una respuesta parlamentaria anterior; en octubre de 2018 constaban 19.028 personas inscritas.
Casi el doble
En menos de ocho años, por tanto, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida ha sumado 17.922 personas, lo que supone un incremento del 94,2%. Dicho de otra manera, el número de inscritos está muy cerca de duplicar el que el propio Ejecutivo autonómico comunicaba en 2018.
La comparación debe hacerse teniendo en cuenta que la respuesta de 2018 no concreta la fecha exacta de extracción de los datos. La pregunta parlamentaria se había presentado meses antes, en abril, pero el Gobierno contestó el 16 de octubre y no señaló que las cifras correspondieran al momento en que se registró la iniciativa. Por ello, la referencia utilizada es la fecha de aquella contestación.
Vivienda privada protegida
El aumento no se reparte por igual entre todas las modalidades. En 2018, la mayor parte de los inscritos buscaban una vivienda de promoción pública en alquiler: eran 11.403 personas entre las dos provincias. En 2026 son 13.403, unas 2.000 más, lo que representa un incremento del 17,5%.
La fotografía cambia de forma mucho más drástica cuando se observa la vivienda protegida de promoción privada. En octubre de 2018 había 4.305 inscritos para acceder a una vivienda privada protegida en alquiler. En abril de 2026 son 9.932. El incremento alcanza así el 130,7%, con 5.627 demandantes adicionales. Pero la mayor diferencia se produce en la modalidad de promoción privada en propiedad. Hace ocho años figuraban 3.105 personas inscritas. Ahora son 13.149, es decir, 10.044 más. La cifra se ha multiplicado por más de cuatro, con un crecimiento del 323,5%.
También aumenta la demanda de vivienda pública en propiedad, aunque se trata de cifras mucho menores porque pasa de 215 inscritos en 2018 a 466 en 2026. La evolución de estas modalidades ayuda a entender por qué el total ha crecido tanto. De los casi 18.000 nuevos demandantes contabilizados respecto a 2018, más de 15.600 corresponden únicamente al incremento registrado en las dos modalidades de promoción privada.
Un mercado cada vez más difícil
El crecimiento del Registro se produce en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda en Canarias. El propio Gobierno reconoce en la documentación de los Presupuestos autonómicos de 2026 que el aumento de los precios tanto de alquiler como de compra está dificultando el acceso al mercado libre incluso a hogares con ingresos estables y rentas medias, que pueden verse obligados a dedicar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca.
Los últimos datos del Instituto Canario de Estadística también reflejan esa presión. El valor tasado medio de la vivienda libre se situó en el primer trimestre de 2026 en 2.233,7 euros por metro cuadrado, un 13,6% más que un año antes.
Un reto que trasciende lo inmobiliario
El aumento de la demanda de vivienda protegida se produce, además, en un contexto paradójico. Canarias mantiene un fuerte dinamismo económico, con un crecimiento del 3% en el primer trimestre de 2026, por encima del 2,7% registrado por el conjunto de España, mientras el empleo continúa en niveles históricamente altos.
Un análisis de Keller Williams España-Andorra sitúa el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados en Canarias en 263.760 euros, mientras que el alquiler de un inmueble de esas características ronda los 1.272 euros mensuales. Según la compañía, estas cifras están un 70% y un 60%, respectivamente, por encima de las que manejaba hace cinco años. La presión residencial empieza así a afectar no solo a los hogares, sino también a la capacidad de las empresas y de los servicios públicos para atraer trabajadores.
Construcción de vivienda pública
Al mismo tiempo, la promoción de vivienda protegida trata de recuperar terreno después de años de poca actividad. El Gobierno de Canarias informó el pasado julio de que desde el inicio de la actual legislatura se habían presentado solicitudes de calificación provisional para 4.047 viviendas protegidas, y reconocía que esa evolución supone una reactivación tras “más de una década de escasa actividad” en este tipo de promociones.
La comparación no significa que las casi 37.000 personas inscritas estén esperando necesariamente una vivienda pública que vaya a ser adjudicada de forma inmediata. El registro incluye diferentes vías de acceso y modalidades de vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada.
¿Qué significa estar inscrito en el Registro?
El Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias es el mecanismo con el que la Administración organiza y cuantifica la demanda existente en las islas. Es público, gratuito, único para todo el archipiélago y depende del Instituto Canario de la Vivienda. Su función es, entre otras cosas, proporcionar los datos necesarios para adjudicar viviendas protegidas y ofrecer a las administraciones información actualizada sobre las necesidades existentes.
Además, estar inscrito no es simplemente apuntarse a una lista informativa. La normativa establece que la inscripción es obligatoria para optar a la adjudicación de una vivienda protegida de promoción pública y también para acceder, mediante compra o alquiler, a una vivienda protegida de promoción privada.
El sistema acaba de ser reformado. El nuevo Decreto 23/2026, aprobado en marzo y en vigor desde el 7 de abril, regula nuevamente el funcionamiento del registro e introduce, entre otras novedades, la inscripción mediante declaración responsable.
Más allá de los cambios administrativos, las cifras dejan una fotografía clara: Canarias ha pasado de 19.028 demandantes de vivienda protegida comunicados por el Gobierno en 2018 a 36.950 en 2026. Una diferencia de casi 18.000 personas que coincide con unos años en los que acceder a una vivienda, ya sea mediante alquiler o compra, se ha convertido en una dificultad creciente para una parte cada vez mayor de la población.
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