La plataforma Derecho al Techo ha mostrado su rechazo al nuevo decreto que regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de vivienda pública en Canarias, aprobado por el Consejo de Gobierno el 23 de diciembre de 2025 y ampliado el pasado 9 de marzo de 2026.

La organización exige "su retirada inmediata y su nulidad" al considerar que el requisito de acreditar 12 años de residencia continuada en las islas para poder acceder a una vivienda pública "es ilegal y jurídicamente impugnable".

El acceso a la vivienda pública en Canarias cambiará tras la aprobación de este nuevo decreto, que modifica el sistema de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida. La norma, aprobada el lunes por el Gobierno de Canarias, introduce nuevas condiciones para solicitar alquiler asequible y, al mismo tiempo, busca simplificar los trámites administrativos para facilitar la gestión de las solicitudes.

Vulneración

Según la plataforma, esta exigencia "vulnera normas de rango superior como el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 47 de la Constitución Española, que reconocen el derecho a una vivienda digna y adecuada y obligan a los poderes públicos a hacerlo efectivo". Insisten en que "un decreto es una norma reglamentaria subordinada a la ley y a la Constitución, por lo que no puede restringir ni reinterpretar derechos reconocidos en normas de rango superior".

Derecho al Techo sostiene que el requisito de 12 años de residencia “contradice y vacía de contenido” el derecho a la vivienda recogido en el Estatuto de Autonomía y advierte de que "puede constituir una causa de nulidad o de anulación del decreto".

Adjudicaciones

La organización también critica que el Gobierno de Canarias "haya comenzado a anunciar adjudicaciones de viviendas públicas" que, a su juicio, “en realidad no existen”, lo que consideran "una estrategia de carácter electoralista para generar titulares sin resolver el problema estructural de la escasez de vivienda pública en el archipiélago".

En este sentido, la plataforma afirma que "imponer un requisito de residencia prolongada no protege a la población canaria ni aumenta el parque público de vivienda, y tampoco frena la especulación inmobiliaria ni el uso turístico de las viviendas".

"Desplaza el problema"

Por el contrario, advierten de que la medida "desplaza el problema de la falta de vivienda pública hacia los sectores más vulnerables, fomentando la exclusión y la desigualdad".

Derecho al Techo defiende que "el derecho a la vivienda debe garantizarse mediante el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y de la Constitución, el aumento del parque público de viviendas, la regulación del mercado y la adopción de medidas que limiten la especulación". Por ello, reclama la retirada del decreto y la puesta en marcha de políticas públicas "que aseguren el acceso a una vivienda digna para todas las personas que viven en Canarias".