Ocho de la mañana. El Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria empieza a llenarse. Hasta el lugar se acercan autoridades, manifestantes, medios de comunicación y curiosos. En dos horas está previsto que se ejecute el desalojo de Margarita, una mujer de 71 años que vive desde hace un lustro en su barco.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ordenó su desahucio para este martes alegando falta de conservación, higiene, flotabilidad y seguridad en la embarcación —entre otras cuestiones—. Pero varios colectivos sociales intentaron frenarlo ante la situación de vulnerabilidad que vive Margarita.
"No la toquen"
La mujer llegó hace cinco años al Archipiélago para cuidar de su hijo —ya fallecido— porque le habían diagnosticado un cáncer. Desde entonces, el buque era su único cobijo. Desde la llegada de más de 10 agentes para sacarla a la fuerza de su hogar, la tensión fue en escalada.
"No la toquen". "¿Dónde está el juez?". "Es su casa". "Ser policía, vergüenza me daría". "Puerto de Las Palmas, una inmobiliaria". Así fueron algunas de las consignas y gritos de rabia que se pudieron escuchar en el momento del desalojo. Al llevarse a cabo mediante un proceso administrativo, no fue necesaria la presencia de una comitiva judicial.
Atención médica
Una vez desahuciada, no pudo —como es comprensible— con toda la presión acumulada en las últimas horas y tuvo que ser atendida por una ambulancia tras sufrir un ataque de ansiedad. Además, recibió un golpe durante el forcejeo. Eso sí, el apoyo ciudadano no le faltó en ningún momento ni tampoco por parte de diversas asociaciones.
Antonio Pérez, portavoz de 'Mi barco, mi casa', expresó ante los medios de comunicación que desconoce cómo ha sabido la APLP cuál es el estado de la embarcación de Margarita. "A todas luces, es irregular", afirmó. Hasta el lugar también se desplazaron miembros de Derecho al Techo.
Informe de vulnerabilidad
Jonathan Mesa, su portavoz, subrayó en declaraciones a los periodistas que la mujer todavía no ha recibido el informe de vulnerabilidad donde se expone su situación económica, social y familiar. "La APLP y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria están procediendo como si fuera un fondo buitre", exclamó.
Uno de los principales problemas está en el lío administrativo porque, al ser suelo portuario, Margarita vivía en el Puerto y no en la ciudad. Aún así, el Ayuntamiento capitalino ha decidido prestarle asistencia con el objetivo de acompañarla en el proceso con orientación e información.
"Es ilegal"
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha explicado que comunicó la ejecución del desahucio a la afectada el 18 de diciembre, al día siguiente de que lo autorizara un juez, pero la Plataforma Derecho al Techo y el colectivo 'Mi Barco, Mi Casa' sostienen que el procedimiento ha sido "ilegal", al no acudir al lanzamiento la comitiva judicial.
Después de un día marcado por la tensión y la polémica, solo hay una cosa clara: el futuro de Margarita aún es incierto.