Comprar una casa, qué acto tan ilusionante –también un poco vertiginoso–. Puede que estos fueran los sentimientos de Laura y Roberto cuando llegaron a Túnez (Arona) y empezaron a organizar su vida pensando que aquel lugar acabaría siendo su hogar para siempre. Entregaron una entrada, asumieron pagos mensuales –que se descontarían del precio final cuando firmaran las escrituras– e hicieron reformas. Aproximadamente un año y medio después, cuando Laura contactó con Atlántico Hoy, el sueño se había convertido en una pesadilla y la pareja estaba organizando cómo desmontar los muebles, sacar sus pertenencias y trasladarse con sus gatos a un espacio que antes utilizaban como trastero. Su hogar, su futuro, se había truncado. “Nos estamos yendo por miedo”.
El acuerdo inicial para la compra de la vivienda fijaba un precio de 315.000 euros y la propietaria reconoció por escrito –al que ha tenido acceso este medio– haber recibido una entrada de 15.000 euros y mensualidades de 1.000 euros por parte de la pareja. Pero la compraventa nunca llegó a formalizarse. La vendedora atribuye a Roberto la responsabilidad de que no se firmara la escritura. Laura, por su parte, sostiene que todavía querían comprar, pero que antes necesitaban aclarar dos cuestiones.
Cuántos metros compraban y si tendrían agua
La primera duda tenía que ver con el terreno. El contrato describía una finca de 2.527,08 metros cuadrados, pero la nota simple actualizada recogía 2.098,43. La diferencia era de 428,65 metros cuadrados. Según Laura, querían saber a qué se debía antes de volver a pedir la hipoteca.
La segunda duda surgió cuando Laura fue al Servicio de Atención Ciudadana de Arona para poner el suministro de agua a su nombre. Hasta entonces, la casa tenía contador, la propietaria recibía las facturas y la pareja le transfería el importe. Según Laura, allí le dijeron que el alta era provisional y estaba vinculada a la vendedora. Le recomendaron que no intentara cambiarla porque podía perder el suministro sin saber si podría recuperarlo. Laura acudió entonces al concejal de Aguas. Este identificó el suministro como un “padrón F” y le explicó que, pese a que había contador y se cobraban los recibos, no encontraba ningún expediente del agua de esa vivienda en los dos sistemas municipales que había consultado. Planteó que el alta pudo tramitarse de forma extraoficial, aunque dijo desconocer cómo se hizo.
La única solución que se les dio fue que, con autorización de la propietaria, la pareja podía cambiar la cuenta desde la que se pagaban los recibos. Pero eso no resolvía lo que les preocupaba: incluso después de comprar la casa, el agua seguiría a nombre de la vendedora. Si ella daba de baja el suministro, Laura y Roberto no sabían si podrían volver a contratarlo. Para la pareja, esa incertidumbre era motivo suficiente para no firmar la compra de una vivienda de 315.000 euros hasta aclararlo.
El inicio: ¿cómo llegaron Laura y Roberto a Túnez?
La vivienda se la enseñó un asesor que trabajaba con Roberto y que, según Laura, también tenía relación profesional con la propietaria. Fue él quien preparó el acuerdo. Mientras la vendedora y su marido organizaban su traslado, la pareja pudo acudir con profesionales a tomar medidas para las futuras obras. Después llegaron las reformas. Laura cuenta que la propietaria conocía los trabajos y que le enviaban fotos y vídeos de cómo iba quedando la casa.
El documento que les permitió instalarse, fechado el 30 de abril de 2025 y bajo el concepto de Contrato de opción de compra, identifica a Roberto como comprador y receptor de las llaves y la posesión del inmueble. En ese documento el precio se desglosa en 310.000 euros por la propiedad y 5.000 euros por el mobiliario. El documento hace constar también que el 1 de abril ya se habían entregado 15.000 euros y establece aportaciones mensuales de 1.000 euros o más que se descontarían íntegramente al firmar la escritura. El texto excluía expresamente que fueran un alquiler: todo lo abonado se iba a descontar del precio en el momento de la firma.
Roberto tenía seis meses para ejercer la opción. El plazo podía prorrogarse por escrito si ambas partes estaban de acuerdo. El contrato también preveía un aviso de noventa días naturales para la firma, en una notaría elegida de común acuerdo. Si Roberto no ejercía la opción en el plazo previsto o no acudía a firmar, el texto establecía que perdería las cantidades entregadas.
La hipoteca y los metros que no cuadraban
Para pagar el resto del precio, la pareja necesitaba una hipoteca. Laura cuenta que las primeras gestiones no avanzaron porque faltaba documentación. El terreno estaba inscrito a nombre de la propietaria desde 2013, por herencia, pero en el Registro aún no constaba la casa. Así se ve en la nota simple del 1 de julio de 2026: la finca aparecía descrita como un terreno rústico de 2.720 metros cuadrados y estaban pendientes tanto la declaración de obra nueva terminada como una rectificación de la superficie.
La segunda nota simple, expedida el 8 de julio, ya recogía la vivienda, de 189,22 metros cuadrados, y situaba su inscripción el día 3. El documento también recogía una superficie de 2.098,43 metros cuadrados para la finca. Eran 428,65 menos de los que figuraban en el contrato de opción de compra. Laura sostiene que querían aclarar esa diferencia antes de volver a solicitar financiación y que, durante ese periodo, siguieron abonando las cuotas con la intención de comprar.
O compras o entregas las llaves
El 3 de julio, el mismo día en que el Registro sitúa la inscripción de la edificación, el asesor envió un requerimiento en nombre de la propietaria. La vendedora sostenía que el plazo para formalizar la compra vencía ese día y que la escritura no se había firmado por causa imputable al comprador. Reconocía el pago de la mensualidad de julio y le daba una última prórroga: Roberto debía acudir a la notaría el 31 de julio con la documentación y el dinero pendiente. Si no comparecía o la operación no se formalizaba por una causa atribuible a él, debía dejar la vivienda y entregar las llaves ese mismo día.
El escrito alude a un requerimiento anterior, de marzo. El abogado de Roberto respondió el 6 de julio con objeciones sobre la documentación y la superficie. El día 8, según la captura de WhatsApp aportada, el asesor les envió la nota en la que ya figuraba la vivienda. Es decir, el requerimiento y la inscripción llevan la misma fecha, pero la pareja recibió la nota actualizada por ese chat cinco días después.
Cuando poner la lavadora hacía saltar la luz
Durante el verano, la disputa empezó a afectar a la vida diaria de la pareja. Laura recuerda una llamada en la que, según cuenta, el asesor volvió a insistirles que tenían que comprar o marcharse y les advirtió de que, si no lo hacían, les bajaría la potencia eléctrica y enviaría a una empresa de desocupación. La pareja no grabó esa llamada.
Laura dice que la potencia se redujo varias veces. En una de ellas, al poner la lavadora saltaba la luz –por lo que no podía ni siquiera lavar su uniforme de trabajo–. Acabó yendo a una oficina de la eléctrica para pedir que la subieran. En la conversación aportada a Atlántico Hoy, un empleado habla de un kilovatio de potencia y se ofrece a tramitar que el contrato vuelva a nombre de Roberto para solicitar un aumento. Cuando Laura pregunta por la modificación anterior, el empleado dice que no sabe quién la solicitó.
Según Laura, más adelante llegaron a quedarse sin electricidad de la red y se abastecieron con un sistema solar que pagaron ellos. En un vídeo, la pantalla del equipo indica que funciona fuera de la red y marca 0,00 kW junto a su símbolo. Laura cuenta que la parte vendedora también dejó de aceptar las cuotas y que consultaron con su abogada cómo seguir abonándolas.
Una empresa de desocupación
El límite de Laura y Roberto empezó a hacerse visible cuando empezaron a acudir a la casa personas que la pareja identifica como integrantes de una empresa de desocupación. Habla de cuatro o cinco visitas y relata llamadas que describe como amenazantes e insultos durante el conflicto. En las capturas de una cámara, fechadas el 14 de octubre de 2026, se ve a varios hombres vestidos de negro en el acceso.
En otra ocasión, cuenta, regresaron y encontraron cortada la valla que cerraba el camino de entrada a la vivienda. Laura explica que desde entonces le preocupaba que alguien entrara en la casa mientras sus gatos y sus pertenencias seguían dentro. La pareja acudió a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para denunciar estos episodios: “No podemos pensar claro porque estamos en modo alerta todo el rato”, dijo Laura al explicar cómo vivían aquellos días.
La devolución del dinero y la disputa por los muebles
Cuando Laura y Roberto dejaron de plantearse la compra, empezaron a negociar cómo dejar la vivienda y recuperar lo que habían pagado. En un escrito del 6 de julio, el abogado de Roberto cifraba en 30.000 euros lo abonado hasta entonces –aunque ya ha aumentado a 34.000 porque han continuado con los pagos–: 15.000 de entrada y quince mensualidades de 1.000 euros. Según Laura, una persona de la empresa de desocupación intervino y les dijo que recuperarían la entrada y las cuotas si se marchaban y enviaban imágenes para mostrar en qué estado dejaban la casa.
Laura asegura que enviaron las imágenes y que después les reenviaron un mensaje que atribuye al asesor. En él, dice, les comunicaban que no les devolverían el dinero porque estaban desmontando elementos de la vivienda. Ahí surgió el desacuerdo sobre qué podían llevarse y qué debía quedarse. El contrato incluía el mobiliario en el precio y establecía que, si no se ejercía la opción de compra, la vivienda debía devolverse “en iguales o mejores condiciones”.
Laura sostiene que estaban retirando sus propias pertenencias y que algunos de los muebles que había en la casa cuando se instalaron ya se habían retirado con conocimiento de la propietaria. Incluso, en los mensajes de voz transcritos y atribuidos a la vendedora se habla de familiares que pasarían a recoger una estantería, una mecedora y un canapé. En uno de ellos le pide a Roberto que valore llevar un objeto a su prima y le dice que, si no puede, puede regalarlo.
La mudanza sigue, la devolución queda pendiente
En sus últimos mensajes, Laura contó que habían acelerado la retirada de sus pertenencias porque esperaban recuperar el dinero. Entre las cosas que empezaron a desmontar estaban los muebles que habían encargado a medida cuando todavía pensaban que aquella casa sería su hogar. Ahora reclaman que les devuelvan los 15.000 euros de entrada y las mensualidades que fueron pagando para comprarla.
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