La Diputación del Común ha presentado este lunes en el Parlamento de Canarias su Informe anual correspondiente al 2024 --compartido con la anterior Diputación-- donde alertan de un aumento de las quejas, especialmente en un 94% en materia de discapacidad donde más de 600 personas esperan hasta cinco años por su valoración.
Unas quejas que engloban a los Servicios Sociales y que también son llamativas en vivienda o sanidad, donde se acentúa el problema del acceso a un hogar así como la subida en la lista de espera para especialistas.
Tenerife es la isla que más quejas recibe seguida de Gran Canaria y La Palma. A ello se suma que hay cierta preocupación por acercar la institución a islas como Lanzarote y Fuerteventura donde “no termina de arrancar”, explicó la diputada del Común, Lola Padrón. En total se han recibido 30.165 consultas--no todo acaba con expediente de queja-- y además un número de quejas que van en aumento con 3.199 más que en 2023.
Discapacidad
Por áreas, la Diputación recoge que los temas sociales son los que más preocupan a la ciudadanía. “Lo que está pasando en discapacidad es grave y necesita una solución urgente por ese aumento de un 94% de quejas por la demora de solución del grado de discapacidad” apuntó Padrón, influyendo así en todos los aspectos que tienen que ver con los derechos que te otorga el grado de discapacidad o dependencia. “Hay familias con salarios medios por debajo del umbral de la pobreza y no se contabiliza”, insistió la diputada.
De esta manera Padrón señaló que hay 603 personas que están esperando a que se valore su discapacidad, un dato que va en progresión y que les ha obligado a hacer un análisis específico dentro del informe. “Se incumplen los plazos de 3 y 6 meses con hasta cinco años de espera en islas como Tenerife”, dijo.
Vivienda
La crisis habitacional también dejó un impacto llamativo en las quejas que recibió la Diputación del Común. Padrón afirmó que hay una falta de respuesta coordinada por parte de la administración así como una dificultad latente a la hora de acceder a una vivienda, pública o no. La dificultad del acceso a la vivienda pública protegida aglutina el 32,77% de las quejas y un 29% los procesos de desahucio que afectan especialmente a las mujeres con menores a cargo.
“El personal del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) dice que no tiene capacidad para poder llegar a todas las cuestiones. Además no hay una coordinación de la entidad pública Visocan con el Icavi, y por ello el pacto habitacional es prioritario”. Padrón matizó que 27.500 personas demandan vivienda y recordó que las clases medias también quieren acceder a un hogar pero que “las ayudas que plantea el Gobierno de Canarias son mínimas”.
Menores
Al igual que las mujeres, los menores son los más afectados en cuestiones como la vivienda. Su protección, dijo Padrón, es crucial y más cuando no se ha actualizado la ley de Infancia y Adolescencia en un territorio como Canarias "donde existe un 44% de pobreza infantil".
Una actualización legislativa que se hace necesaria también ante situaciones de conflicto “que no son deseables porque hay menores que necesitan el apoyo por tener discapacidad así como planes individualizados”, matizó.
Sanidad
Otro de los puntos destacados por Padrón es la apertura de la investigación de oficio por la situación hospitalaria. “Aunque es verdad que se mejora en cuestiones como el acceso a las intervenciones quirúrgicas, no podemos olvidar que las listas de espera para especialidades suben. Hay un claro empeoramiento en la provincia y en los dos hospitales de Tenerife”, señaló Padrón añadiendo que se está realizando un trabajo fluido con las oficinas de atención al paciente y así como con la Consejería de Sanidad.
“Las listas de espera en especialidades dificultan que las personas en Canarias puedan hacer una vida digna y llegar a las cotas de bienestar que todos queríamos. Aquí influye la cuestión sociosanitaria y 1.000 pacientes en espera mezclados con discapacidad y dependencia”, subrayó.