“A día de hoy, con una Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia en vigor desde 2021, en nuestro país hay menores que se horrorizan cuando suena el timbre y tienen que dejar sus casas, que se agarran al cuello de sus madres, llorando, temblando y pataleando porque no quieren irse con sus padres”.
Estas duras palabras han comenzado el contundente y emotivo discurso que la portavoz del Colectivo Madres VIVA (Valientes, Insistentes, Veraces y Amorosas), María Fernanda Santana Cruz, ha dado este viernes en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para denunciar que, en muchas ocasiones, la violencia vicaria que sufren muchas madres va acompañada de violencia institucional.
Un sistema cómplice
La portavoz del colectivo ha comparecido a petición del Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista para explicar la situación que viven las madres que sufren violencia vicaria en las islas, pero especialmente las consecuencias que tiene este tipo de violencia en sus hijos y la necesidad de revisar protocolos, desde pediatras a abogados y jueces.
“El sistema legal, el sanitario, el educativo, el de trabajo social, el propio sistema familiar se han convertido en cómplices de los maltratadores y agresores sexuales de sus propios hijos”, ha denunciado. Los jueces, abogados, trabajadores sociales o los peritos que elaboraron los informes psicosociales que sirven para las sentencias son algunos de los perfiles que desde su punto de vista avalan en ocasiones esta violencia por dar más importancia a la figura del pater familia.
Sin apoyo psicológico
Ella fue una de esas madres que tuvo que enfrentar esta “violencia institucional”. La falta de formación especializada en trauma y de perspectiva de género son algunas de las causas por las que desde su punto de vista muchos sanitarios ven el síntoma pero no la causa.
En este sentido ha trasladado que en los servicios de salud mental no tienen sensibilidad con este tipo de caso. “Ojalá hubiera intentado abrirme las venas porque a lo mejor me hubieran atendido en Salud Mental, pero como era una madre angustiada con un conflicto familiar…”, ha manifestado en relación a que tardó ocho años para que la derivaran al servicio.
Revisar los protocolos
En su crítica, la portavoz del colectivo ha recordado que la ley de protección a la infancia señala que los poderes públicos tienen la obligación de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, y el revisar en profundidad el funcionamiento de las instituciones del sistema de protección.
Pero esa revisión de los protocolos no se está llevando a cabo. “Las instituciones no cumplen la ley y aquí no pasa nada”, ha criticado la portavoz. Asimismo, ha apuntado que el hecho de que nadie se haga cargo de esta situación les genera un dolor inmenso.
Realidad oculta
“Como sociedad no queremos creerlo y cerramos los ojos ante esta realidad, pero ocurre, y que lo ignoremos socialmente no hace que deje de existir”, ha señalado la portavoz al respecto de las agresiones físicas y sexuales que en ocasiones se dan en el entorno familiar.
“Menores que se orinan, que defecan en sus camas, que despiertan angustiados, bañados en sudor, aterrorizados por horribles pesadillas que turban su sueño y les impiden descansar como es debido. Que necesitan medicación para sobrellevar su día a día, que somatizan su malestar vital y muchas veces son mal diagnosticados e innecesariamente medicados cuando en realidad lo que ellos tienen son heridas emocionales”, ha denunciado.
A medida que el discurso de Santana Cruz avanzaba sus palabras fueron inundando aún más la sala Cabildos del parlamento, haciendo incluso llorar a algunos de las diputadas y acompañantes allí presentes.
Las consecuencias
La portavoz ha denunciado que muchos de los niños víctimas de violencia vicaria presentan ansiedad elevada y sufren trastornos de estrés postraumático, reactivo de vinculación de la infancia, del lenguaje, retraso madurativa, retraso del desarrollo cognitivo en la infancia, conductas regresivas o anorexia.
Unos trastornos que, desde su punto de vista no se curan con medicación sino con una psicoterapia que la sanidad pública no cubre. Esta es solo uno de los muchos defectos del sistema que Santana Cruz ha querido evidenciar.
Sin datos reales
Durante la comparecencia, tanto Santana Cruz como algunos de los diputados han reprochado la intención de la editorial Anagrama de publicar un libro que daba voz a José Bretón, padre que asesinó a sus hijos para causarle dolor a su madre. También han recordado el caso de Tomás Gimeno en Tenerife, quien asesinar por el mismo motivo a sus hijas Ana y Olivia.
Pese a los casos más mediáticos, la portavoz ha manifestado que sobre violencia vicaria en Canarias apenas hay datos. Desde el colectivo no han podido averiguar el número de mujeres que están siendo atendidas por violencia machista, aunque ha manifestado que aunque lo supieran ese dato sería ínfimo debido a quienes no acuden a los servicios.
El dolor de las palabras de Santana Cruz fue respaldado por los diputados canarios que estuvieron presentes, quienes todos en su conjunto respaldaron su crítica. Con las últimas palabras de la portavoz, todos los allí presentes se sumaron en un aplauso poco usual en las comisiones parlamentarias. También se fueron con la tarea de revisar los datos y poner en marcha esa revisión de los protocolos que reclamaban.