Aarón Herrera, maestro de Primaria, pasó quince días en Fuerteventura durmiendo en una camper para poder acudir cada mañana a su centro. “Me destinaron un viernes y el lunes tenía que incorporarme. Buscar un piso para solo quince días era inviable, 600 o 700 euros por un ático en Gran Tarajal. Así que cogí la autocaravana de mi padre y me instalé allí tres semanas”, relata.
Nombramientos contra reloj
El caso de Aarón refleja una realidad extendida: los nombramientos de interinos se comunican con 48 o 72 horas de margen, lo que obliga a mudanzas exprés a islas distintas. “Hoy nombran masivamente y el martes tienen que estar en el aula. Si es en otra isla, apenas te dan tres días”, explica. En su caso, tras la sustitución inicial, consiguió un piso en Caleta de Fuste por 1.092 euros al mes, mientras ese mismo mes cobró apenas 1.034 euros: “El alquiler superaba mi sueldo”.
Alquileres imposibles
Los sindicatos coinciden en que el acceso a una vivienda se ha convertido en una barrera laboral. El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, advierte que “en islas como Lanzarote, Fuerteventura o en el sur de Tenerife y Gran Canaria, los alquileres superan el 40 o el 50% del sueldo de un interino”. En algunos casos, docentes acaban en furgonetas, residencias municipales saturadas o acuerdos con hoteles que se llevan más del 60% de su salario.
Gerardo Ramírez, portavoz de STEC-IC, recuerda que muchos docentes optan por no abrir disponibilidad a todas las islas al pedir destino “porque saben que en algunas no podrán encontrar casa”. La consecuencia es que hay zonas tensionadas, especialmente turísticas, donde cada vez cuesta más cubrir plazas.
Penalizaciones y renuncias
El sistema no permite negarse. Si un docente rechaza una plaza tras ser nombrado, queda penalizado un año completo sin ser llamado y al final de su lista. “Eso hace que mucha gente asuma alquileres desorbitados o viva en condiciones indignas para no perder su antigüedad”, advierte Ramírez. Aarón lo confirma: “Somos un número. No se tienen en cuenta las circunstancias familiares o económicas. Donde suena la campana, ahí vamos”.
Lo que piden los sindicatos
ANPE reclama bolsas de viviendas públicas para profesorado, uso de residencias escolares con plazas libres y un complemento retributivo específico, como ocurre en Baleares, para compensar el coste del alojamiento. Por otro lado, STEC propone que la Administración lidere una bolsa de alquileres regulados, retomando modelos que existieron décadas atrás.
“Lo que ocurre supone un retroceso en nuestras condiciones laborales y afecta directamente al alumnado, porque cuando un centro se queda sin profesor no siempre hay sustitutos”, resume Crespo.
Una realidad que desgasta
Para Aarón, la experiencia fue “estresante y ansiosa”: “No podía preparar las clases como quería, y encima hasta que no pasa un mes no cobras, así que necesitas un fondo económico para sobrevivir”. Por eso, ha decidido restringir su disponibilidad solo a Gran Canaria, aunque eso retrase su incorporación.
El resultado es un sistema que obliga a los más jóvenes a elegir entre la vocación y la precariedad habitacional. Una paradoja que se repite cada inicio de curso y que, de no atajarse, amenaza con dejar aulas vacías en las zonas más tensionadas del Archipiélago.