Dos jueces, apartados de los casos de Ramírez al acreditarse que son amigos íntimos suyos

El presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, y su compañero de la sección sexta Carlos Vielba no podrán revisar o decidir los casos que afecten al empresario Miguel Ángel Ramírez

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Los jueces Carlos Vielba (izquierda) y Emiliano Moya (derecha), este último presidente de la Audiencia de Las Palmas./ MONTAJE AH
Los jueces Carlos Vielba (izquierda) y Emiliano Moya (derecha), este último presidente de la Audiencia de Las Palmas./ MONTAJE AH

El presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, y su compañero de la sección sexta Carlos Vielba no podrán revisar o decidir los casos que afecten al empresario Miguel Ángel Ramírez por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al acreditar que son amigos del acusado. 

Una Sala Especial del TSJC constituida por diez magistrados ha estimado la recusación que presentó la Fiscalía contra Moya y Vielba después de que un tribunal conformado por ellos dos y una tercera juez contra lo que no se formulan objeciones exonerara a Ramírez de cualquier responsabilidad penal en los fraudes que se atribuyen a Seguridad Integral Canaria entre los años 2014 y 2016, con el argumento de que ya no era el administrador de esa empresa.

Grabaciones del caso del juez Salvador Alba

En un auto hecho público, el TSJC se apoya en dos grabaciones que formaron parte del caso que envió a prisión al juez Salvador Alba por conspirar contra Victoria Rosell para declarar probado que, aunque Moya y Vielba lo nieguen, los dos tienen lazos de "amistad íntima y confianza" con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

La grabación más conocida fue la que Ramírez hizo el día que Salvador Alba lo citó a su despacho de manera extraoficial y le ofreció ventajas en la causa por fraude a la Seguridad Social que le afecta si se prestaba a colaborar con él para atribuir a Victoria Rosell -entonces diputada por Podemos- una serie de supuestas irregularidades que cuestionaban su desempeño como juez. 

En el audio, además de a Ramírez y a Alba, también se escucha al presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, quien emplea expresiones coloquiales e invita a al empresario a su despacho, donde Ramírez le explica su reunión con Alba en estos términos: "Lo que quiere es levantar por el aire a esta tía" (en alusión a Rosell), subraya la Sala Especial de Recusaciones. 

“Amistad íntima y de confianza”

En otro fragmento, en el que Moya ya se ha ido, Ramírez le dice a Salvador Alba: "Yo voy a muerte, Salva, con los amigos y con la gente que me defiende, por eso creo que también estoy donde estoy (...) "Ahí tienes a Emilio. Emilio es un amigo mío de puta madre".

Para el TSJC, la explicación a lo que se escucha en esas grabaciones y al hecho mismo de que el presidente de la Audiencia Provincial invitara a su despacho "sin la presencia de un abogado" a una persona ajena al mundo judicial y, en ese momento, procesado en una causa penal, no puede ser otra que la existencia "de una relación de amistad íntima y de confianza entre ambas partes".

Verse los tres "en una piscina"

Lo mismo concluye la Sala Especial de Recusaciones respecto a Carlos Vielba, tras escuchar una grabación que Salvador Alba le hizo después de que Ramírez entregara a la Justicia el audio que, a la postre, acabó con su carrera como juez y exculpó a Victoria Rosell.

En este audio, prueba también del ‘caso Alba’, se oye a Carlos Vielba decirle al exjuez que Ramírez quiere verse con él de nuevo, que se ofrece a organizar un encuentro a través de otra persona y que, si le parece bien, incluso pueden verse los tres "en una piscina".

El TSJC concluye que esa conversación "resulta elocuente", tanto por lo que dice Vielba, como por lo que "se deduce" que habló antes con Ramírez para hacerle ese ofrecimiento a Salvador Alba.

Ramírez, a la espera

Miguel Ángel Ramírez está a la espera de que la Audiencia de Las Palmas dicte la sentencia sobre la causa principal de Seguridad Integral Canaria, juzgada en julio de 2023, en el que la Fiscalía pidió para él 21 años de cárcel por un presunto fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social.

Ese procedimiento no está afectado por esta recusación, pues depende de la sección primera de la Audiencia y fue juzgado por tres magistrados contra los que no se ha formulado objeción alguna.

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