La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se ha propuesto poner los recursos necesarios para que las personas con discapacidad que fueron cesadas, al ser declaradas como “no aptas” pese a superar las oposiciones, puedan ejercer su labor como docentes.
Poli Suárez, el consejero del área, ha insistido en que el Gobierno apuesta por la “inclusión” al ser preguntado en el Parlamento por la situación de las docentes cesadas y con suspensión provisional del cese.
Reuniones con Inspección Médica
Suárez ha informado de que Educación ha mantenido varias reuniones con la Inspección Médica, organismo encargado de acreditar el cumplimiento del requisito de capacidad funcional para el acceso al empleo público, con el objetivo de buscar soluciones para las docentes afectadas.
El informe de Inspección Médica no depende de la Consejería de Educación, pero el objetivo de las reuniones ha sido garantizar que se proporcionen los recursos necesarios para que estas personas puedan ejercer su labor docente.
El consejero ha indicado que se está a la espera de una resolución de la Consejería de Administración Pública para que sea Educación quien dictamine finalmente. “En eso estamos y creo que va por muy buena solución”, afirmó.
Casos concretos
El debate en el Parlamento surge tras el caso de dos profesoras: Laura Cánovas, maestra con cinco años de experiencia en Educación Especial y funcionaria en prácticas, y Uxía García, docente gallega que aprobó las oposiciones en Canarias en plazas reservadas para personas con discapacidad.
Ambas fueron cesadas tras superar las oposiciones debido a un informe de la comisión de evaluación médica que las declaró “no aptas”. Cánovas es sorda y García tiene una discapacidad visual del 66%.