El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, anunció este viernes que su departamento reducirá las ratios en las aulas ordinarias en las que haya alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) con el objetivo de mejorar la atención educativa y favorecer un aprendizaje más personalizado.
Suárez realizó este anuncio durante una comparecencia en la comisión de Educación del Parlamento de Canarias, donde explicó que la medida pretende avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y dotar a los centros de herramientas para atender la diversidad del alumnado en las aulas.
Necesidades especiales
Según indicó, el sistema educativo canario atiende actualmente a más de 5.000 estudiantes con NEE, una cifra que casi duplica la registrada en 2022 y que ha llevado a la Consejería a reforzar los recursos humanos y materiales destinados a este ámbito.
El consejero señaló que esta línea de trabajo podría ampliarse en el futuro a otros recursos educativos especializados, como las aulas enclave y los centros de educación especial, a través de la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado en la que trabaja el Ejecutivo autonómico.
Personal y recursos
En este sentido, el número de auxiliares educativos ha pasado de 941 profesionales al inicio del curso 2022-2023 a más de 1.850 en la actualidad, según datos de la Consejería de Educación.
Además, el sistema educativo dispone de más de 600 docentes adicionales respecto a ese curso, lo que ha supuesto una inversión cercana a los quince millones de euros.
Recursos educativos
En el plano de infraestructuras, el departamento ha impulsado la creación o puesta en marcha de cerca de un centenar de aulas enclave, así como cuatro nuevos centros de educación especial y once centros específicos para alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA).
A estas actuaciones se suman otras medidas dirigidas a mejorar las oportunidades educativas de este alumnado, como el proyecto NEAE+21, que permite continuar la formación hasta los 33 años mediante un modelo de Formación Profesional Adaptada, la gratuidad del comedor escolar para estudiantes de aulas enclave y centros de educación especial, o una línea de ayudas de 800.000 euros para alumnado con TDAH con discapacidad superior al 25 % que queda fuera de las becas estatales.