La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, informó este martes de que el Ejecutivo central está en disposición de "atender de inmediato" a 252 menores migrantes solicitantes de asilo que actualmente acoge la comunidad autónoma.
El Estado ha confirmado que dispone ya de las plazas necesarias en su sistema de acogida de protección internacional para cumplir la orden del Tribunal Supremo, que le obliga a hacerse cargo de estos menores. Además, se ha comprometido a crear otras 612 plazas antes del 20 de noviembre, descontadas las 252 ya disponibles, según precisó Rodríguez tras la reunión semanal de la comisión interadministrativa, de la que salió “con más esperanza y expectativas”.
Baile de cifras
Rodríguez celebró que “de una vez por todas” se acabe con el “baile de cifras” entre administraciones y se confirme que la comunidad autónoma “controla los niños que están bajo su tutela”.
Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, señaló que ya tienen “las plazas para cumplir el auto y el Gobierno de Canarias tendrá que cumplir su parte”. Cancela explicó que el sistema estatal de acogida podrá disponer en el plazo fijado por el Supremo de 612 plazas para un máximo de 569 menores que aún deben ser derivados desde Canarias.
“Estamos hablando de más plazas a disposición que incluso previsibles menores que puedan formar parte de los listados definitivos”, subrayó.
Falta de documentación
El Gobierno central había alegado que no podía acelerar las derivaciones por la falta de documentación enviada por Canarias. No obstante, fuentes del Ministerio indicaron hoy que en los últimos días la comunidad ha remitido 519 expedientes, que ya están siendo revisados.
El Ejecutivo central pedirá ahora las autorizaciones necesarias al Gobierno canario para iniciar los traslados “de forma inmediata”, comenzando por las 252 plazas “que llevan un tiempo vacías y a disposición de Canarias”.
Mayoría de edad
Rodríguez consideró que “el último auto del Tribunal Supremo puede ser el definitivo” y valoró que ambas partes hayan aclarado las cifras. Ambas administraciones coinciden en que partían de 1.140 menores solicitantes de protección internacional, de los cuales 199 ya han salido de Canarias, 230 han alcanzado la mayoría de edad, 30 cumplirán 18 años en noviembre y a 68 se les ha denegado el asilo.
Estas declaraciones se produjeron tras la reunión semanal entre el Gobierno central y el autonómico para coordinar el cumplimiento de la orden del Alto Tribunal, emitida por primera vez en marzo. Este fue el primer encuentro entre ambos Ejecutivos después de que el pasado jueves el Supremo dictara un nuevo auto, el tercero desde marzo, en el que volvió a exigir al Estado la acogida de los menores en un plazo “improrrogable” de 15 días.