Falta personal en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera para implantar dispositivos de control para proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista. Así lo han denunciado este miércoles desde el Gobierno de Canarias, un hecho del que aseguran haber informado a través de una carta a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Según detallan desde la Consejería de Justicia, la Viceconsejería ha remitido esta carta a la Delegación donde se solicita la supervisión del servicio "que ofrece la empresa concensionaria en Canarias para que las órdenes judiciales se tramiten con la celeridad debida". En este sentido señalan que el escrito firmado por el viceconsejero, Cesáreo Rodríguez, detalla la información del departamento y la del Observatorio contra la Violencia Dioméstica.
En este sentido la información hace referencia, según la nota, "a una comunicación de los juzgados de Los Llanos de Aridane en La Palma donde se alerta de la escasez de dispositivos y la falta de personal para instalarlos por carecer de técnicos en las islas no capitalinas" algo que "supone un retroceso en la prestación del servicio que podría desembocar en una disminución de la necesaria protección de las víctimas de violencia y poner en riesgo la integridad de las mujeres".
Dos técnicos
Señalan así que solo hay dos de técnicos destinados por provincias, "lo que sería un número insuficiente para ofrecer el servicio en varias islas a la vez, ya que los dispositivos deben estar preparados para ser instalados el mismo día que se acuerde por la autoridad judicial, independientemente de la hora y la fecha, cualquier día de la semana".
Rodríguez cree que "el hecho de que la empresa concesionaria no disponga de técnicos en todas las islas supone un retroceso en la prestación del servicio, que podría menoscabar la protección de las víctimas de violencia de género y poner en riesgo su integridad". Se trata de un sistema de seguimiento por medios telemáticos en el ámbito de la violencia de género y sexual para verificar el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación a la víctima.
Este método, insisten, ofrece información actualizada y permanente de las incidencias "que afecten al cumplimiento o incumplimiento de las medidas, así como de las posibles incidencias". Según el Ministerio de Igualdad "la prestación del servicio del sistema de seguimiento está contratado a una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos del Sistema de seguimiento. Estas tareas son desarrolladas por el 'Centro Cometa', que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y está operativo las 24 horas del día los 365 días del año".