Canarias alcanzó en 2024 un récord absoluto de visitantes: casi 18 millones de turistas llegaron al archipiélago. Pero la bonanza turística contrasta con un mercado residencial tensionado que expulsa a residentes de sus barrios. La oferta de vivienda es escasa y cara, y colectivos sociales hablan ya de precios “inabordables” para las clases trabajadoras.

El encarecimiento del alquiler —que en áreas urbanas y turísticas supera los 800-1.000 euros mensuales— ha abierto una brecha entre salarios y costes habitacionales que también afecta a profesionales con ingresos medios. La proliferación de pisos turísticos, más rentables para los propietarios, ha detraído miles de viviendas del mercado residencial. A ello se suma la ausencia de nueva vivienda pública en lo que va de siglo.

Alternativas de última hora

En este contexto, crecen las soluciones habitacionales alternativas: asentamientos informales y autocaravanas usadas como residencia permanente. Según la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), solo en Gran Canaria hay entre 9.000 y 13.000 vehículos-vivienda —caravanas y campers— en circulación. “Ahora más que nunca, el autocaravanismo es cada día mayor e imparable”, sostiene su presidente, Jesús Gallardo.

El perfil del residente a bordo es variado, aunque predominan prejubilados y jubilados. También hay familias o personas solas que, por circunstancias como la violencia de género, se ven obligadas a abandonar su vivienda y encontrar refugio en una autocaravana. “En estos casos el incremento ha sido del 400% en los últimos tres años”, apunta Gallardo.

Razones económicas y carencias

De cada 100 personas que viven en un vehículo-vivienda, entre el 15 y 20% lo hacen por necesidad económica. Y un 3% habita furgonetas no legalizadas como vivienda, adaptadas con lo mínimo para dormir y cocinar. La motivación principal es el coste: con precios de compraventa muy por encima de la media peninsular, muchos optan por caravanas de segunda mano por 20.000-25.000 euros.

Pero esta alternativa no está exenta de problemas. La principal queja del sector es la falta de áreas habilitadas. “En la Península hay más de 1.400 puntos gratuitos financiados con fondos europeos. En Canarias, ni uno”, denuncia Gallardo. Los cuatro espacios actuales en Gran Canaria —El Pinillo, El Pagador, Salinetas y Tauro— están “fuera de normativa”, y abrir nuevos es “casi imposible” por los obstáculos administrativos.

Percepción social y malas prácticas

La convivencia con la población local, asegura PACA, es buena: “Canarias es la comunidad de España que menos rechaza y más acoge a las autocaravanas”. El problema son las malas prácticas de algunos usuarios, a menudo turistas de alquiler, que estacionan durante meses frente a viviendas o acampan de forma indebida.

Gallardo también rechaza el “alquiler precario” de autocaravanas como vivienda fija: “No existe como tal, porque el coste diario lo hace inviable”. Sí reconoce casos ilegales de particulares que alquilan sus vehículos estacionados, sin licencias ni alta fiscal.

Nueva normativa

En 2025, el Gobierno de Canarias cerró las alegaciones a un decreto de espacios abiertos turísticos que, por primera vez, regula el autocaravanismo. PACA participó en su redacción y le ha dado su visto bueno. El texto define pautas para áreas de pernocta y campings, pero no obliga a los ayuntamientos a crearlas. “El problema es que no quieren hacer espacios”, advierte Gallardo.

Algunos municipios, como San Miguel de Abona en Tenerife, han empezado a habilitar zonas de estacionamiento ordenado. Otros mantienen restricciones, incluso con barreras para impedir el acceso. “Parece mentira que en la región con más autocaravanas por habitante no se aproveche este turismo, que deja en comercios locales entre 25.000 y 28.000 euros en un solo fin de semana”, lamenta.

Desigualdad territorial y futuro

El sector denuncia además desigualdades con la Península: hasta hace poco, un autocaravanista canario con discapacidad no podía acceder a exenciones fiscales, y sigue sin poder viajar más de seis meses por Europa sin pagar el 20% del valor del vehículo.

Para Gallardo, el auge de las autocaravanas en Canarias no es una moda pasajera: “Cada vez crecerá más. La gente no puede permitirse una vivienda de 200.000 euros y todos los impuestos asociados”. La clave, afirma, está en “dar seguridad jurídica y espacios dignos” para quienes eligen —o se ven obligados— a vivir sobre ruedas.