La vida de Ángeles, José Luis y su hija no ha sido sencilla en los últimos dos años. En plena crisis de la vivienda y con una hija con bipolaridad y esquizofrenia a su cargo, esta familia se enfrenta a una multa de hasta 600.000 euros después de haberse visto obligada a vivir en un contenedor a modo de vivienda prefabricada instalado en el municipio de Granadilla de Abona, en un suelo urbanizable no ordenado.
La familia instaló el contenedor en este tipo de suelo como último recurso antes de acabar en la calle. De la vivienda en la que residían, en régimen de alquiler social a nombre de la madre de Ángeles, se han visto obligados a salir tras recibir una orden de desahucio que se culminará el 4 de febrero. Los problemas entre madre e hija derivaron en dos sentencias a favor de Ángeles y una en contra, después de que la madre se declarara vulnerable y alegara impagos, una acusación que Ángeles niega.
Sin acceso al alquiler
Ante esta situación y la amenaza de un desahucio inminente, la familia buscó una vivienda de alquiler en el sur de la isla, pero la combinación de la asfixia del mercado inmobiliario y su situación familiar lo hizo imposible. Según explican, su hija, de 19 años, padece esquizofrenia y bipolaridad, y durante las crisis puede gritar o romper muebles, lo que provocó que no les aceptaran en ninguna vivienda, ni a ellos ni a las mascotas que tienen.
Con la previsión de acabar en la calle, “don Ramón”, la persona que cuidaba el terreno donde se instalaron en Granadilla de Abona, les recomendó comprar un contenedor y situarlo allí, ofreciéndose a facilitarles conexión al agua. Con buena intención y ante el inminente desahucio, Ángeles solicitó un préstamo para adquirir el contenedor como solución habitacional.
Denuncia y sanción
El contenedor fue instalado en el terreno que vigilaba “don Ramón” la semana pasada, pero la decisión no agradó a una vecina, que llamó a la policía acusándoles de okupar la propiedad. Los agentes solicitaron la documentación tanto a la pareja como al cuidador del terreno y, según relatan, comprobaron que no existía enganche ilegal al agua.
Aun así, la policía interpuso una denuncia por la instalación del contenedor en un suelo urbanizable no ordenado, obligándoles a retirarlo y advirtiéndoles de una sanción económica que oscila entre los 150.000 y los 600.000 euros. La situación ha desbordado a la pareja, que asegura llevar dos años batallando tanto con la madre de Ángeles como con los vecinos del piso del que serán desahuciados.
En busca de una salida
Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona trabajan para ofrecer una solución a la familia, aunque la pareja rechaza que esta pase por aplazar el desahucio, ya que consideran que solo supondría posponer el problema. En estos momentos intentan contactar con el propietario del terreno para estudiar la posibilidad de alquilar una parte y continuar viviendo en el contenedor, que están pagando a plazos, junto con unas placas solares.
La solución a medio plazo, que aporte algo de tranquilidad a esta familia, aún no ha llegado. Mientras tanto, asesorados por una asociación, recorren instituciones y oficinas municipales en busca de una respuesta que garantice su derecho fundamental a una vivienda digna.