La Fiscalía de Canarias sigue observando cierta “lentitud” en los programas de prevención contra el bullying y la violencia sexual de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la autoridad escolar en particular. Así lo manifiesta la memoria de la fiscal superior de Canarias, que apunta que la cronificación de los casos de este tipo de delitos cometidos a través de redes sociales deriva en la intervención de la Fiscalía.
Lo que refleja el informe al respecto de los menores es que han detectado que se mantienen las denuncias respecto a “aquellas conductas violentas y atentatorias a la integridad moral, conocidas como bullyng o acoso escolar, utilizando como instrumento del delito las redes sociales, o exposición a violencia sexual”.
Lentitud en los programas
Por ello señalan que “seguimos observando la lentitud de los programas de prevención desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la autoridad escolar en particular, lo que cronifica los casos haciendo finalmente necesaria la intervención desde el ámbito de reforma antes que del educativo”, apunta la memoria.
Esta situación, reprochan, se hace incumpliendo tanto la ley de responsabilidad penal del menor (LORPM) como la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que abogan por que la justicia se adapte a la realidad de los menores de edad, priorizando su rehabilitación y reinserción social frente al castigo punitivo.
Situación alarmarte
Todo ello “a pesar de la gran alarma social que crea el tema, por la inseguridad que genera no sólo a los perjudicados sino también a sus familias, máxime en los casos de menores de 14 años de edad”, señala el informe.
Esta deficiencia la han detectado en cuanto a los “brotes específicos de delincuencia y conductas antisociales” detectadas especialmente en Santa Cruz de Tenerife. En este aspecto también han detectado un mantenimiento de las infracciones cometidas en el ámbito familiar, como son los delitos de violencia intrafamiliar.
Causas
Respecto a las causas de los “brotes criminógenos” la memoria señala, en sintonía con los informes de otros años, que “la crisis económica y habitacional experimentada este año ha provocado un aumento de menores abandonados de facto, generando en ellos un sentimiento de ira palpable, que fomenta los comportamientos violentos en el ámbito familiar en ocasiones motivados por la falta de cobertura de las necesidades básicas, recurriendo incluso a ocupar viviendas como alternativa a la calle”
Más allá del castigo
Siguiendo los criterios de las leyes de protección a los menores, en la memoria destacan que la Sección de Menores ha recurrido mayoritariamente a la “solución extrajudicial de los conflictos familiares así como los casos de violencia sexual o exposición a redes sociales a través de las diversas asociaciones colaboradoras como Opción 3 con los programas de prevención y preservación familiar Rumbo y de exposición o explotación sexual llamado Alondra y desde la asociación SUM+S, con una intervención ambulatoria de carácter terapéutico también dependiente de la Entidad Pública”.