La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lanzó esta semana un mensaje claro: los hospitales de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote necesitan espacios específicos y seguros para alojar a los presos que están a la espera de ser atendidos. El objetivo es disminuir —por ejemplo— el peligro de fuga de los internos aprovechando su salida del centro penitenciario.
Se trata de una reivindicación que también existe entre los funcionarios de prisiones. Jacobo López, delegado sindical de Tu Abandono Me Puede Matar (TAMP), explica en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy que debe haber zonas habilitadas “totalmente estancas del resto de la sociedad”. “No es un capricho, sino un motivo de seguridad”, añade.
Salas seguras
Sostiene que la medida daría tranquilidad al resto de pacientes en el hospital. Pero la cosa no queda ahí porque —dice— unos internos fuerzan a otros a fingir una salida al hospital para llevar a cabo un traspaso de drogas con un familiar o amigo que está avisado con antelación. Lo hacen, apunta, para tener la posibilidad de introducir las sustancias ilegales en la cárcel.
“Que dentro de las urgencias del hospital haya una sala estanca con una custodia policial fija y que no haya entrada y salida de otras personas, cortaría de raíz este problema”, asevera. Apostilla que ocurriría lo mismo con los presos que necesiten un ingreso hospitalario porque, con un control constante de Policía o Guardia Civil, no podrían intercambiar la droga.
Riesgo añadido
López indica que uno de los mayores riesgos se dan cuando el interno necesita ir al baño, un lugar donde pueden haber dejado algún tipo de droga u objeto prohibido —como un móvil o un cuchillo—. En cualquier caso, todo apunta que en Gran Canaria —donde él representa a funcionarios de prisiones—, podría tener pronto la sala de custodia que están reclamando.
El delegado de TAMP apunta que desconoce la realidad en el resto de islas, pero la AUGC en su comunicado recoge que la Jefatura de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife está preocupada ante la situación porque —según el texto— “las dependencias actuales son bastante mejorables desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad”.
Fugas
Juan Couce, portavoz de la Agrupación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), pone sobre la mesa que el año pasado hasta el 60% de las fugas de internos en las Islas se produjo durante el traslado a los hospitales. Un incremento notable respecto al año 2025, cuando el porcentaje fue del 40%.
Además, desde la AUGC se preguntan quién será el responsable "cuando ocurra una desgracia en una sala de urgencias de un hospital".
"¿Quién será el responsable?"
"Si colegas del preso vienen a intentar liberarlo y el agente tiene que disparar, ¿quién será el responsable? ¿El funcionario de prisiones por no avisar de que el interno es FIES —Fichero de Internos de Especial Seguimiento— o los políticos de turno?", reflexionan en la asociación en declaraciones a este periódico.
Además, en su comunicado, AUGC lamenta también que "un escrito remitido hace siete meses sobre esta misma problemática no haya recibido respuesta alguna por parte de las autoridades autonómicas".
Sala pendiente
En el caso de Gran Canaria, parece que aún no cuenta con la sala de custodia que se pactó desde la Consejería de Sanidad con los sindicatos el pasado mes de febrero. Ahora bien, pronto debería estar lista para usarse.
Esther Monzón, la responsable del área, aseguró el pasado mes de junio que está en ejecución por un importe total de 782.000 euros. La idea, que ya se había anunciado en 2025, es colocarlo en el Hospital Insular.
Más garantías
Por otro lado, López insiste en el riesgo de no actuar porque “en ocasiones hay internos que no consiguen introducir lo que se les está obligando por parte de otros y eso tiene unas repercusiones a nivel de agresión o coacciones”.
Por su parte, desde la AUGC también piden un “cumplimiento riguroso de la Instrucción 5/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, priorizando la consulta médica de los reclusos”, así como el “inicio inminente de las negociaciones por parte del Gobierno de Canarias para asumir las competencias de sanidad penitenciaria”.
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