De forma general, las leyes que afectan a un sector específico suelen hacerse con el respaldo, o al menos la escucha, de los actores de dicho sector. Al menos de forma general. No ha sucedido con la aprobación de la ley de Consejos Sociales de Canarias, que se ha hecho con todo el sector universitario español en contra. 

Esta norma es un paso más que ha dado el Ejecutivo canario (CC-PP) en la lista de actuaciones que afectan a las universidades públicas, que se suma a la falta de financiación, al auge de las universidades privadas o la exclusión a la hora de redactar la ley de Ciencia.

-Pregunta: ¿Plantean de alguna forma recurrir el contenido de la ley?

-Respuesta: Nosotros estamos esperando la versión definitiva. Básicamente las leyes cuando salen de los parlamentos lo que hay que hacer es cumplirlas. Nuestros equipos jurídicos van a estudiar el contenido de la ley, pero no nos estamos planteando este tipo de actuaciones en este momento. Ahora lo que estamos es analizando el contenido definitivo de la ley, de cara a cumplirla y a minimizar los impactos negativos que la ley tiene. Creemos que no es una ley que contribuya a mejorar las universidades públicas canarias. Más bien al contrario, creemos que perjudica el funcionamiento de la universidad. 

-¿Cómo prevén minimizar los impactos?

-Vamos a analizarla con detenimiento para ver el impacto, para ver cómo cambia el modelo de gobernanza de nuestra universidad. Ahora el Consejo Social va a tener que elaborar informes previos a la consideración de determinadas cuestiones por parte del Consejo de Gobierno, eso va a producir un riesgo claro de burocratización y de hacer más lento muchos procesos. Va a haber también un problema de coordinación. Esta ley le va a permitir a los Consejos Sociales suscribir convenios con otras entidades al margen de lo que hasta ahora sucedía, que todos los convenios se suscribían desde el rectorado. Esto puede provocar problemas de coordinación. Este tipo de cuestiones va a provocar que pueda dificultarse el funcionamiento cotidiano de la Universidad. Trataremos de minimizar estos impactos. 

"Es una ley que pretende ser una avanzadilla en un modelo de intervencionismo externo en la gobernanza de las universidades"

-¿Qué caso práctico puede darse que afecte al funcionamiento de la universidad?

-Hay un artículo que introduce que con carácter general el Consejo Social emitirá los informes, en el ejercicio de sus competencia, con anterioridad a que el Consejo de Gobierno adopte los acuerdos, las resoluciones, y que cualquier acuerdo que se separe de este informe debe ser motivado. Cualquier decisión que tengamos que tomar y que corresponda al Consejo Social emitir ese informe, tomemos por caso la aprobación de las tasas para las residencias universitarias, pues tendremos que tener todo el expediente de la propuesta y trasladarlo al Consejo Social, que se tomará un tiempo para elaborar un informe. En una primera versión de la ley planteaba dos meses como máximo para que el Consejo Social emitiera el informe, ahora no se pone ningún plazo, sino que se remite al reglamento de funcionamiento que el propio Consejo Social se dote. Tendremos que esperar a que llegue ese informe. Si no es positivo, habrá que justificarlo o motivarlo jurídicamente. Todo esto es tiempo. Hasta ahora teníamos un expediente, íbamos al Consejo de Gobierno, luego iba al Consejo Social y allí se debatía y se aprobaba. Ahora esto lo que va a provocar es un funcionamiento más lento. 

-¿Se le ha dado la espalda a todas las peticiones hechas por la universidad en el trámite de la ley?

-De esto no hay ninguna duda. Esta ley está hecha en contra de la opinión de las dos universidades públicas canarias. No solo de este rector o del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sino que también ocho rectores que han sido de las universidades públicas canarias se han manifestado en contra. Nuestro claustro se pronunció de manera inequívoca. Nuestro Consejo de Gobierno se pronunció por unanimidad recientemente en contra de la ley. El Consejo de Rectores de Universidades Españolas, que integra a 77 universidades públicas y privadas, se ha pronunciado en contra de esta ley. Nuestro Consejo de Estudiantes se ha pronunciado en contra de esta ley. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas también se pronunció en contra. Es evidente que esta ley no se ha hecho con el consenso de las universidades. Esta ley ha producido el rechazo unánime de las universidades españolas. Es objetivo, pero el Parlamento la ha aprobado y no cabe otra opción. 

"No va de controlar mejor financieramente, sino de un modelo de gobernanza con el que no estamos de acuerdo"

-Este modelo que propone la ley, ¿se da en otra universidad española?

-Lo ha dicho el presidente de los Consejos Sociales a nivel estatal, Antonio Abril, que esta ley era una referencia para el conjunto del sistema universitario español. Hay comunidades autónomas donde ya se ha producido una regulación y esto no va a ser referente de nada, pero hay otras donde no se ha producido y desde luego a nivel estatal el conjunto de Consejos Sociales va a tratar que esta ley se convierta en una referencia, una referencia intervencionista en la universidad pública. Hasta ahora, los Consejos Sociales estaban en la vanguardia de la capacidad de actuación que tenían desde el punto de vista funcional y económico. Ahora se va más allá y se pone más a la vanguardia. Es una ley que pretende ser una avanzadilla en un modelo de intervencionismo externo en la gobernanza de las universidades. 

-¿Dónde debería estar el límite?

-Los Consejos Sociales son órganos clave para fortalecer la conexión de nuestras instituciones con la sociedad. Creo muchísimo en la necesidad de mejorar la conexión de las universidades públicas con la sociedad. No somos nada sospechosos de estar en contra de esta conexión. El otro día participamos, con el rector de la Ulpgc de la puesta en marcha del Consejo de la Competitividad. Tenemos que contribuir no solo desde el punto de vista de generar conocimiento para poner luz sobre esta problemática, que es la mejora de su competitividad, sino también planteando acciones concretas y poniendo a nuestros expertos. También estamos trabajando junto a la CEOE en microcredenciales, aportando contenidos en la reforma del Régimen Económico y Fiscal. En fin hemos hecho un amplio estudio de las titulaciones, con un máster propio dual, prácticas con 1.500 empresas,...No somos nada sospechosos de no querer mejorar nuestra condición con la sociedad. Ahí es donde el Consejo Social es clave, apostando conexiones, complicidades, posibilidades de establecer convenios. Ahí es donde debe estar la fuerza de los Consejos Sociales, no decidiendo si se crea un instituto universitario de investigación o no, porque creemos que no son los decisores adecuados, los más eficaces. Pueden aportar información, pero creemos que es el ámbito de la universidad donde hay más criterio para tomar estas decisiones.  

"Desde el sector de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias no conozco ninguna otra que esté más controlada que las universidades públicas"

-Pero, ¿por qué esas decisiones no pueden emanar de un órgano que representa a diferentes sectores de la sociedad?

-Yo creo que pueden aportar. En el Consejo de Gobierno están representados, tienen tres representantes, pueden presentar informes, criterios. Pero creemos que no debe residir ahí, en el Consejo Social, la decisión final. ¿Por qué no en el Consejo de Gobierno?, sería para nosotros la pregunta. Creemos que es más razonable que resida la toma de decisiones en este órgano académico, que no está sujeto a variaciones políticas. Y creemos que el Consejo de Gobierno para este tipo de decisiones es el más adecuado. Fíjate la importancia que tiene que es que aprueba nuestro presupuesto, pero también las cuotas. Desde nuestro punto de vista ya tienen la decisión más trascendental a la hora de control lo que la universidad hace. Después estas cuentas están sometidas a la auditoría de las Intervención General de la Comunidad Autónoma. Pero además las universidades están sometidas al control de la Audiencia de Cuentas de Canarias. También hay un régimen de control interno, que está adscrito al Consejo Social, esto es excepcional en el contexto universitario español. Nosotros rendimos cuentas. Desde el sector de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias no conozco ninguna otra que esté más controlada que las universidades públicas. Esto es importante recalcarlo porque algunos opinadores dicen que esta ley va a mejorar el control de los recursos que se ponen en las universidades públicas. No hay ninguna administración más controlada que las universidades públicas. Esto en general la gente no lo sabe. No va de controlar mejor financieramente, sino de un modelo de gobernanza con el que no estamos de acuerdo.

-¿A qué intereses cree usted que responde esta política de dar más poder a los Consejos Sociales y de impulsar más las universidades privadas?

-Yo no quiero entrar en este tipo de valoraciones. Lo que sí digo y afirmo es que ahora mismo en Canarias es donde se produce un mayor intervencionismo a las universidades públicas y una mayor tolerancia y menor nivel de control de las universidades privadas. En el contexto nacional es una región donde este contrapunto se manifiesta de forma más evidente. Hay mucha tolerancia con las universidades privadas y mucho intervencionismo con las públicas después de la aprobación de la ley. Es lo que yo percibo.