El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha expresado su preocupación por el “mal proceder” en la elaboración del proyecto de la Ley de la Ciencia de Canarias, que ha iniciado ya el trámite parlamentario para ser aprobada.
Según explicó a Atlántico Hoy, el texto no ha tenido en cuenta a las dos universidades públicas del Archipiélago, que generan, junto con el Instituto de Astrofísica de Canarias, “prácticamente el 95% de la ciencia” que se produce en el territorio.
El rector recordó que el 100% de los nuevos doctores y doctoras que egresan en Canarias proceden de las universidades públicas. En el caso de la ULL, detalló que en el curso 2023-2024 se invistieron 167 nuevos doctores y doctoras, "quienes, además, presentan una tasa de paro del 0% según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2025", afirmó.
Contratación estable
Entre las propuestas planteadas al Parlamento, el rector defendió la creación de un título específico dentro de la ley dedicado a las universidades públicas canarias, "con medidas concretas para desarrollar una carrera científica estable", complementos para investigación y transferencia de conocimiento, y la posibilidad de una carrera investigadora autonómica.
Esta última debería contemplar contrataciones estables tras evaluaciones positivas, "movilidad interna y externa, y vínculos con el sector productivo", señala García.
Oficinas de transferencia
También reclamó un título específico sobre transferencia de conocimiento, subrayando el papel clave de las oficinas de transferencia que solo existen en las universidades públicas y en el Instituto de Astrofísica.
Asimismo, criticó que la ley dedique un título exclusivo a la inteligencia artificial (IA), considerando que debería tratarse como una tecnología transversal, y reclamó mayor apoyo a otras áreas estratégicas en Canarias, como la astrofísica o las ciencias del mar.
Financiación para I+D+i
Por último, el rector insistió en la necesidad de que la ley incluya un objetivo vinculante de financiación pública para la I+D+i, siguiendo el ejemplo de la Ley de la Ciencia de Cantabria, que establece un incremento anual de la inversión sin condicionarla a criterios de estabilidad presupuestaria.
“Las apuestas para la ciencia tienen que venir recogidas en el presupuesto de la comunidad autónoma”, concluyó.