Los rectores de las dos universidades públicas de Canarias han elevado su voz en el Parlamento autonómico para reclamar una reforma profunda del proyecto de Ley de Ciencia impulsado por el Gobierno regional. Francisco García, de la Universidad de La Laguna (ULL), y Lluis Serra, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han denunciado que el texto contiene “carencias importantes” y que fue elaborado “sin la debida consulta” a los centros que aglutinan más del 95 % del sistema canario de I+D+i.
Ambos dirigentes académicos han agradecido que sea el Parlamento quien finalmente les haya dado voz, tras sentirse ignorados por el Ejecutivo autonómico en el proceso de redacción. “Las universidades públicas no somos un agente más; somos la columna vertebral de la ciencia en Canarias”, expresó Francisco García ante la comisión parlamentaria.
Lluis Serra fue más directo en su crítica. “Creemos que el Gobierno", recalcó, "redactó esta ley con ayuda externa, quizá con consultoras, cuando debería haber contado con las universidades públicas, que no barremos para casa, sino para Canarias”. Ambos rectores han subrayado que, pese al “malestar” por la forma en que se ha gestionado el anteproyecto, su voluntad sigue siendo constructiva y orientada al consenso.
Peticiones
Entre las peticiones clave, los rectores reclaman que la ley incluya un título específico dedicado a las universidades públicas, dada su relevancia en la producción científica y en la formación de doctores. También piden que la financiación de la investigación universitaria esté blindada, con carácter específico, protegido y plurianual, desvinculada de los presupuestos ordinarios y al margen de las fluctuaciones económicas.
“Necesitamos un compromiso serio con la financiación de la ciencia. No podemos depender del ciclo económico para garantizar la continuidad de los proyectos”, advirtió García.
¿Rentabilidad?
Otra de las críticas más contundentes fue al enfoque mercantilista del borrador actual. “No todo el conocimiento debe medirse por su rentabilidad inmediata. Esa visión es empobrecedora”, afirmó Serra. El rector de la ULPGC defendió una ciencia plural, transversal y humanista, que respete todas las disciplinas del saber y promueva la transferencia social y cultural del conocimiento.
En ese sentido, proponen un apartado específico en la ley que recoja incentivos retributivos para los investigadores que transfieren conocimiento y medidas de apoyo a la creación de spin-offs, colaboraciones con empresas y estructuras mixtas de excelencia, como institutos y consorcios.
Los rectores también insisten en que se establezca una carrera investigadora pública, estable y atractiva, con contratación regulada, evaluación periódica, progresión profesional y oportunidades de movilidad tanto en el ámbito nacional como internacional y con el tejido productivo.
Aportaciones clave
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La agilización de los trámites administrativos relacionados con la investigación.
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Una reforma profunda de las convocatorias públicas, que permita una mayor eficiencia.
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La simplificación de los procedimientos aduaneros para la adquisición de materiales.
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La publicación anual de un calendario de convocatorias, para una mejor planificación académica.
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La atracción de talento científico mediante programas específicos, con incentivos reales.
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La creación de un registro oficial de agentes del sistema canario de I+D+i.
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Y la revalorización profesional del título de doctor, tanto en el sector público como en el privado.
Los grupos parlamentarios han tomado nota de las demandas, que ponen sobre la mesa un debate de fondo sobre cómo construir un sistema de ciencia sostenible, justo y alineado con las necesidades reales de Canarias. La pelota está ahora en el tejado del Legislativo, que deberá decidir si incorpora o no estas propuestas en el texto final de una ley llamada a marcar el futuro de la investigación en el Archipiélago.