Las universidades públicas de Canarias, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han mostrado su profundo malestar institucional ante la exclusión sufrida en la elaboración del anteproyecto de la Ley Canaria de la Ciencia. Los rectores, Francisco Javier García Rodríguez y Lluís Serra Majem respectivamente, manifestaron en una carta a los grupos parlamentarios que la falta de consulta a estas instituciones, principales agentes del sistema de investigación y transferencia en Canarias, supone un grave incumplimiento legal que podría constituir incluso causa de nulidad.
Según argumentan, la Ley 5/2001 de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica e Innovación establece claramente la obligatoriedad de que las universidades públicas sean consultadas y escuchadas en el proceso legislativo relacionado con el ámbito científico y tecnológico, algo que no se ha cumplido en esta ocasión.
Un papel estratégico no reconocido
La carta enfatiza que las universidades desempeñan un rol esencial en la generación de conocimiento y transferencia tecnológica en Canarias, destacando que solo ellas, junto al Instituto de Astrofísica de Canarias, cuentan con Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTCs) oficialmente reconocidas. Las universidades son responsables del 100% de la formación doctoral y proveen la infraestructura básica científica del archipiélago.
Además, los rectores subrayan que ambas universidades concentran la mayor parte de los recursos humanos y materiales dedicados a investigación y desarrollo en Canarias, posicionándose como actores indispensables en cualquier estrategia regional en este ámbito.
Propuestas clave para la nueva Ley Canaria de Ciencia
Ante esta exclusión, los rectores han presentado varias propuestas fundamentales para enriquecer el proyecto:
-
Incorporar un título específico para las universidades públicas canarias, reconociendo explícitamente su papel esencial y garantizando financiación estable.
-
Incluir un capítulo específico sobre la transferencia de conocimiento, reconociendo esta actividad como una misión esencial, equiparable a la docencia e investigación.
-
Reconocimiento explícito y fortalecimiento de la ACIISI como órgano vertebrador del sistema de ciencia y tecnología en Canarias.
-
Crear una carrera investigadora pública estable y atractiva para retener talento, inspirándose en modelos como los de Cataluña y el País Vasco.
-
Apoyar estructuras de investigación de excelencia mediante financiación específica y reconocimiento de centros destacados.
Medidas administrativas para agilizar la investigación
Entre las mejoras concretas, se propone reducir la carga administrativa, simplificar trámites burocráticos y facilitar la gestión de proyectos de I+D. Además, piden mecanismos que permitan el aprovechamiento eficaz de recursos como los remanentes de tesorería, eliminando barreras contables que dificultan la financiación estable de actividades de investigación.
Los rectores insisten en que una gestión más ágil y eficiente es clave para mejorar la competitividad de Canarias en el ámbito científico y tecnológico, facilitando la participación en proyectos nacionales e internacionales.
Consenso, diálogo y rectificación
Finalmente, los rectores reclaman una rectificación en la tramitación del anteproyecto, solicitando que sus propuestas sean consideradas y valoradas en el proceso parlamentario. La carta subraya que la exclusión inicial es subsanable mediante diálogo parlamentario y manifiestan su compromiso firme para colaborar activamente en la mejora del texto legislativo.
"El futuro de Canarias está estrechamente ligado a nuestra capacidad para generar conocimiento, innovar y retener el talento en las islas", concluyen los rectores, instando al Parlamento a asegurar una Ley Canaria de la Ciencia robusta, inclusiva y eficaz.