Una joven mirando viviendas en alquiler. /EFE
Una joven mirando viviendas en alquiler. /EFE

El Gobierno de Canarias y las Cámaras de Comercio se alían para agilizar el Bono Alquiler Joven

El convenio busca reducir los plazos de tramitación y facilitar la emancipación de los menores de 35 años

Atlantico Hoy

El Gobierno de Canarias y las Cámaras de Comercio de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y Santa Cruz de Tenerife han firmado un convenio de cooperación para gestionar el Bono Alquiler Joven 2025, una ayuda dirigida a facilitar el acceso a la vivienda de los menores de 35 años.

El acuerdo, ya publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), establece un marco de colaboración entre el Ejecutivo autonómico, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), y las cámaras de comercio. La convocatoria cuenta con un crédito inicial de 10,6 millones de euros transferidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a los que se sumarán los fondos no ejecutados de ejercicios anteriores.

Además, el Cabildo de Lanzarote aportará 1,4 millones adicionales, lo que permitirá ampliar el número de beneficiarios en la isla. Las ayudas consisten en 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, con un tope total de 6.000 euros por solicitante.

Colaboración para acelerar los pagos

El convenio reconoce la capacidad de las Cámaras de Comercio para actuar como entidades colaboradoras, gracias a su red territorial y a su atención tanto presencial como telemática. Con su participación, el Gobierno espera reducir notablemente los tiempos de tramitación y pago en comparación con convocatorias anteriores, que se gestionaban sin apoyo externo.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Antonio Ortega, destacó que esta colaboración es “esencial para dar respuesta en tiempos razonables a la alta demanda de jóvenes canarios que necesitan apoyo para emanciparse y acceder a una vivienda”, en un contexto que calificó de emergencia habitacional.

El acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de seis, y contempla la creación de una Comisión de Seguimiento encargada de supervisar su ejecución, resolver incidencias y proponer mejoras en la gestión.