La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, bajo la dirección de la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo que lidera Antonio Acosta, activará el próximo lunes, 16 de marzo, el proceso de consulta pública previa para el anteproyecto de Ley de Gestión del Litoral y las Costas Canarias. Esta iniciativa normativa surge con el propósito fundamental de adaptar el marco básico estatal a las realidades específicas de las islas, tanto en el plano ambiental como en el socioeconómico.
Nueva norma autonómica
La propuesta legislativa responde al mandato establecido en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que otorga a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en la ordenación y gestión de su litoral. Tras el traspaso de competencias efectuado en 2023, el Ejecutivo regional busca dotar al archipiélago de una herramienta jurídica que permita una administración más cercana y eficiente de sus 1.126 kilómetros de costa, garantizando la seguridad jurídica en un espacio donde convergen múltiples intereses.
El director general Antonio Acosta ha subrayado que la futura ley pretende armonizar el desarrollo económico y social con la preservación de los ecosistemas naturales. En un territorio fragmentado como el canario, la costa no solo alberga una biodiversidad marina de alta fragilidad, sino que también concentra el grueso de la población y la principal actividad económica, especialmente la turística. La norma integrará la ordenación del litoral en la planificación ambiental y urbanística de las islas para evitar conflictos de usos.
Gestión ante el cambio climático
El texto legal se fundamentará en principios de desarrollo sostenible y gestión integrada, con un enfoque prioritario en la conservación y la adaptación al cambio climático. La ley también buscará definir con claridad el reparto de competencias entre el Gobierno autonómico, los cabildos insulares y los ayuntamientos. Este marco coordinado es esencial para gestionar un espacio que, debido a la orografía insular, no permite desplazar de forma generalizada las actividades humanas hacia el interior del territorio.
La administración autonómica ha habilitado un periodo de exposición pública para que la ciudadanía y las organizaciones interesadas realicen sus aportaciones. El plazo permanecerá abierto durante un mes, concretamente hasta el 16 de abril de 2026, a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Este proceso consultivo es el paso previo necesario para la redacción definitiva del anteproyecto, asegurando que la voz de los sectores afectados sea escuchada antes de su tramitación parlamentaria.