El Ejecutivo contará con plazos más amplios para poder sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas responsables de apagones, dado que el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad el decreto ley del Gobierno para modificar la Ley 11/1997 de regulación del sector eléctrico canario.
El decreto responde al interés general y a la voluntad de aplacar situaciones como el cero energético del pasado verano en La Gomera o en Tenerife años anteriores, así como reforzar la seguridad jurídica y garantizar un sistema eléctrico justo y equitativo que acabase con las incoherencias en los plazos de caducidad de los procedimientos administrativos y la prescripción de sanciones, ha señalado el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata.
Modificación de la Ley
El motivo de este cambio legal es que la Ley que regula el régimen sancionador cuenta en su artículo 19 con tres mecanismos sancionadores: la infracción, la sanción y el procedimiento sancionador, siendo los dos primeros competencia de la Ley Estatal y el tercero competencia de la Ley de Procedimiento Administrativo común.
Dado que la Ley Estatal cuenta con plazos más extensos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (solo tres meses), lo que planteaba el Gobierno era la modificación mediante decreto ley del artículo 19 de esa norma para que, en caso de necesidad, el Gobierno canario pueda contar con plazos más amplios.
De este modo, la nueva redacción, que ha contado con la participación de los grupos parlamentarios, ha modificado los artículos 19 y 21 y suprime los artículos 20 y 22.