El Gobierno de Canarias ha ingresado alrededor de 9 millones de euros a los ayuntamientos del Archipiélago para impulsar proyectos destinados a facilitar la conciliación familiar y el reparto corresponsable de los cuidados.
La financiación procede del Plan Corresponsables de Canarias, impulsado por el Ministerio de Igualdad, que aporta el 75% del importe total, mientras que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias asume el 25% restante.
El destino de estos fondos ha sido pactado con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a través del protocolo establecido entre ambas instituciones.
Red municipal de cuidados
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explicó que estos recursos buscan favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes de entre 0 y 16 años, además de promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y reducir la brecha de género.
El objetivo es reforzar la cartera de servicios municipales y consolidar una Red Municipal de Cuidados Corresponsables, ampliando tanto la atención en domicilios como en espacios públicos y privados habilitados para ello.
Gracias a estos fondos, los ayuntamientos podrán contratar personal especializado en educación infantil, animación sociocultural y turística, integración social, monitorado de ocio y tiempo libre, enseñanza socio-deportiva y otros perfiles vinculados al sector de los cuidados.
77 municipios beneficiados
Del total distribuido, cerca de siete millones de euros se reparten entre 77 ayuntamientos de Canarias, a los que se suman aproximadamente dos millones adicionales aportados por el Ejecutivo autonómico para programas de conciliación familiar.
El Plan Corresponsables persigue no solo mejorar la conciliación, sino también crear empleo de calidad en el sector de los cuidados, dignificar la experiencia profesional no formal y reforzar la sensibilización social sobre el valor del cuidado como responsabilidad compartida.
Desde el Gobierno se subraya que estas políticas buscan situar la sostenibilidad de la vida y a las personas en el centro, además de evaluar el impacto de las medidas para mejorar su implementación futura en el ámbito de las políticas públicas.