El Gobierno de Canarias cada vez se tiene que hacer cargo de más menores. Pero no, no se trata en este caso de menores migrantes no acompañados, sino de menores cuyas familias han renunciado a la guarda custodia. ¿Por qué? Verse incapaces de afrontar los problemas conductuales o de salud mental de sus niños o adolescentes.
Así lo ha explicado el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, quien advierte que, aunque no se trata de cifras “escandalosas”, sí es una situación cada vez más frecuente y llamativa dentro de los servicios de infancia. "Antes ocurría de forma muy puntual” y ahora empieza a repetirse con mayor regularidad, apunta.
No poder controlarlos
Según Candil, estos casos se producen cuando las familias no logran controlar determinadas conductas o hacer frente a problemas de salud mental de sus hijos, una realidad muy vinculada a los cambios sociales acelerados, el impacto de las nuevas tecnologías y la falta de herramientas de adaptación de los adultos.
“Estamos hablando de situaciones donde los padres, cuando no son capaces de afrontar determinados problemas, bien conductuales o de salud mental, renuncian a la guarda o incluso a la patria potestad ante los juzgados”, explica el viceconsejero, que insiste, aún así, en la necesidad de “poner el tema en su justa medida” y evitar lecturas alarmistas.
Nuevas problemáticas
Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que no existe un perfil único ni de los menores ni de las familias afectadas. En algunos casos, la renuncia se produce tras ingresos temporales en recursos especializados, cuando los progenitores deciden no volver a hacerse cargo del menor. En otros, se formaliza directamente ante la autoridad judicial.
Candil apunta a que estas situaciones están relacionadas con problemas de conducta vinculados al uso de redes sociales, dificultades de socialización, salud mental y también con factores socioeconómicos, aunque aclara que es el contexto global —social, familiar y relacional— el que influye directamente en la infancia actual.
“La sociedad ha evolucionado muy rápido en el ámbito tecnológico, pero no ha sabido dotar a padres y educadores de los instrumentos necesarios para adaptarse al mismo ritmo”, señala.
El sistema en alerta
El viceconsejero descarta que este fenómeno esté provocando una saturación del sistema de protección de menores en Canarias. No obstante, reconoce una preocupación creciente dentro de la Administración, que ya trabaja en reforzar los recursos existentes.
En este sentido, el Gobierno autonómico prevé la apertura de nuevos centros terapéuticos a lo largo de este año y mantiene una colaboración estrecha con el Servicio Canario de Salud para ampliar la atención en salud mental infantojuvenil.
“No estamos ante una alarma, pero sí ante algo que nos obliga a parar, analizar y mejorar los recursos. Hay situaciones que antes no existían o no se visibilizaban”, afirma Candil.
Un diagnóstico pendiente
Ante este escenario, la Dirección General de Infancia prepara un nuevo diagnóstico de la situación de la infancia en Canarias. Según Candil, es el primero que se hace en una década y se marca como objetivo identificar estas nuevas problemáticas y diseñar respuestas más especializadas tanto para los menores como para sus familias y educadores.
Para el viceconsejero, el reto es claro: adaptar las políticas públicas a una infancia que ya no es la misma que hace diez años, y hacerlo desde un enfoque integral que combine prevención, apoyo familiar y recursos especializados.