La Inspección de Trabajo no solo sancionó en 2023 a Rafael Hernández, representante de la ONG Oportunidades de Vida, por emplear a extranjeros en situación irregular. También le impuso dos multas de 30.000 euros por obstruir la labor de los funcionarios que intentaban averiguar si había menores migrantes trabajando en sus fincas privadas.
Pero la cosa no queda ahí: se le impuso otra sanción de 9.000 euros desde la Inspección de Trabajo por dar ocupación a dos trabajadores menores de 16 años.
Hernández, que está siendo investigado por, presuntamente, emplear a menores migrantes en terrenos particulares, recibió hace tres años una visita de la Inspección Provincial de Trabajo y de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Fue en su explotación agraria de Tafira, por detrás de la Facultad de Ciencias Jurídicas [para conocer más detalles pincha aquí].
Recogiendo papas
A raíz de aquello, la empresa S.A.T Agrocanarias —de la que era presidente del consejo rector— recibió una sanción de 94.278,04 euros porque había migrantes recogiendo papas sin permiso de trabajo ni de residencia. Pero la cosa no quedó ahí: los funcionarios determinaron que puso en marcha un expediente falso para salir indemne del problema.
La Inspección de Trabajo ve una conexión clara: Hernández era el máximo responsable de las tres entidades que estaban alrededor de los menores. Presidía la COAG, órgano que les impartía un curso de formación; estaba al frente de Oportunidades de Vida, la ONG que los albergaba en un centro de El Fondillo; y dirigía la compañía S.A.t Agrocanarias.
"Participación decisiva"
“Ello pone de manifiesto el interés directo y la decisiva participación que habría tenido el mismo en el acuerdo de voluntades alcanzado entre las tres mercantiles para la elaboración de un falso expediente de formación”, recoge el acta a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy.
Un expediente, indica la Inspección, “con el que se ha pretendido aparentar que los menores que fueron hallados en la finca no se hallaban prestando servicios por cuenta ajena para S.A.T. Agrocanarias, sino que eran alumnos de un curso impartido por COAG Canarias”.
¿Técnicas de riego?
Según el mismo texto, Hernández quiso transmitir la imagen de que el día de la visita —22 de junio de 2023— los chicos estaban dando una formación de técnicas de riego sobre el terreno. Una versión que mantuvieron, apunta, tanto una trabajadora social del centro Demena Tagoror como el encargado de S.A.T., quienes comparecieron ante los funcionarios.
Se trató de un punto de vista que se materializó —siempre según la Inspección— posteriormente por parte de Oportunidades de Vida y COAG Canarias “mediante la elaboración y aportación a esta Inspección Provincial de un falso expediente de formación”.
"Una información que no era cierta"
El expediente —que la Inspección de Trabajo asegura que se falsificó— estaba compuesto por unas fichas de inscripción de los menores que se hallaban en la finca en el proyecto ‘Integrándose en el Agrocanario’ —financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE)—. ¿El problema? Eran fechas “en las que aún no se habían incorporado a ese proyecto”.
Sostiene que se entregaron unos controles de asistencia, unas evaluaciones, unas hojas de valoración, una entrega de material y una factura parcialmente duplicada. Todo con “una información que no era cierta con la intención de exonerar de responsabilidad a la empresa S.A.T. Agrocanarias de los hechos comprobados durante la visita de inspección”.
Los trabajadores
Entre las conclusiones de la Inspección de Trabajo se encuentra que “todos los trabajadores que se hallaban en la explotación agraria, tanto mayores como menores de edad, se hallaban realizando las mismas funciones, recogiendo patatas del terreno y depositándolas en cajas”.
“Se comprueba que en esa explotación agraria no se estaba impartiendo curso de formación alguno sobre técnicas de riego, ni tampoco sobre otra materia, no había ningún profesor o tutor en la finca impartiendo clases, supervisando la actividad realizada”, apostilla el texto.
El encargado
Ni tampoco, apunta, las supuestas prácticas sobre técnicas de riego. Además, incide en que el encargado de la explotación agraria manifestó que era el segundo día de los menores en la finca de Tafira, donde —según les manifestó— el tractor pasaba labrando los surcos para desenterrar las papas y ellos iban detrás buscándolas y poniéndolas en cajas.
Él alegó en el momento que eran prácticas no laborales porque los menores son alumnos del centro COAG Canarias, siendo él el encargado de enseñarles lo que tienen que hacer, a diferenciar que papas coger y cuáles no porque están estropeadas. Sin embargo, no estaba allí cuando llegaron los funcionarios ni estaba enseñando ningún tipo de prácticas de riego.
Salarios
En cuanto al pago de salarios, indicó, según la Inspección, que se les había prometido abonarles entre 25 y 30 euros por cada día de trabajo a los menores que se encontraban en la finca. En cambio, Rafael Hernández —en su comparecencia— subrayó que el dinero que daban a los menores no era sueldo, sino “un incentivo por buena conducta”.
“Señalando que en el centro de menores todas las semanas hay una competición y como premio les dan dos euros más de su paga o bien los llevan al cine, precisando que los menores disponen de una paga de 10 euros a la semana”, recoge el mismo documento.
Visita del SCE
El 20 de junio de 2023, un técnico del SCE visitó el aula donde se impartía la clase teórica por parte de la COAG. El informe que se extrajo de ese día recoge que aquella jornada asistieron 13 alumnos.
“Sin embargo, en los controles de asistencia aportados por COAG Canarias, relativos a la semana 19 al 23 de junio/2023, el día 20/06/2023 sólo figura la firma de cinco alumnos”, destaca la Inspección de Trabajo.
“Lo que evidencia que el control de asistencia aportado por esa entidad no se corresponde con el que realmente habría habido en clase el día en que el Técnico Inspector del SCE realiza esa actuación, que por razones obvias, habría sido firmado por todos los alumnos asistentes al curso”, concluye.
Las sanciones
En cuanto a las sanciones, las de 30.000 euros —por obstruir la labor inspectora— fueron recibidas por la COAG y por la Asociación Oportunidades de Vida, entidad que gestionaba el centro donde se alojaban menores migrantes en el barrio de El Fondillo. Unas instalaciones que fueron desalojadas por el procedimiento judicial que Hernández tiene abierto.
Por otro lado, la empresa S.A.T. Agrocanarias fue multada con 9.000 euros por emplear a dos menores de 16 años, algo que vulnera —según el propio acta— el Estatuto de los Trabajadores. “La infracción está tipificada y calificada como muy grave”, sostiene.