El lío judicial de Rafael Hernández, quien presuntamente explotó a menores migrantes en sus fincas privadas de Gran Canaria, tiene un capítulo aún sin escribir. El tema salió a la luz en marzo de 2024, cuando la Fiscalía Provincial de Las Palmas abrió diligencias contra él tras la denuncia de un extrabajador. Ahora bien, no es el único organismo que lo ha investigado.
La Inspección de Trabajo emitió un acta por aquellas fechas donde lo sancionó por contratar a extranjeros sin haber obtenido —con carácter previo— la correspondiente autorización de residencia y trabajo. El total de la multa administrativa alcanza los 94.278,04 euros, lo que supuso un mazazo para el presidente de la Asociación Oportunidades de Vida.
Tres organizaciones
El foco estuvo puesto en tres organizaciones: la propia ONG, la empresa S.A.T Agrocanarias y la COAG —entidad que representa a los agricultores y ganaderos de Canarias—. Las tres, por aquel entonces, tenían a Hernández al frente. Todo comenzó el 22 de junio del año 2023.
Ese día, se desplegaron funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y de la Jefatura Superior de Policía de Canarias en una explotación agraria situada en la trasera de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) —una finca gestionada por Agrocanarias—. Allí encontraron a varias personas recogiendo papas.
Centro de menores
¿El problema? Les fue imposible comunicarse con la mayor parte porque no hablaban castellano ni inglés ni francés. Pero uno de ellos le comunicó a los agentes que alguno de los trabajadores procedían de un centro de menores. Para ser exactos, se trataba del Demena Tagoror, donde se alojaban 10 chicos presentes en el terreno.
“Se hallan realizando un ciclo de formación en COAG y están con las prácticas de un módulo sobre regadío in situ”, les dijo una trabajadora social del centro. Añadió que eran “supuestos menores” porque en muchos casos no había terminado el proceso para conocer su edad.
¿Y el profesor?
Explicó que estaban allí solo unas horas con supervisión y descansos, así como que el resto del tiempo lectivo están en las oficinas de la calle Camilo José Cela nº5 y en Tamaraceite —espacios en los que están habilitadas las aulas—. La siguiente pregunta de los investigadores fue clara: ¿por qué no hay ningún profesor en la finca?
La empleada respondió que la docente no pudo ir a trabajar ese día. Después, los funcionarios interrogaron al encargado de Agrocanarias, quien manifestó que los menores llevaban dos días yendo a recoger papas. Aseguró también que se trataba de prácticas no laborales porque los menores eran alumnos del centro COAG Canarias.
¿Iban a La Aldea?
Detalló que su labor consistía en enseñarlos a diferenciar cuáles eran las papas buenas para recoger. Por otro lado, confesó que además los llevan a sus fincas de La Aldea de San Nicolás y que les habían prometido a los chicos pagarles alrededor de 25 o 30 euros al día por el trabajo que desempeñan.
“Se comprueba que en esa explotación agraria no se estaba impartiendo curso de formación alguno sobre técnicas de riego, ni tampoco sobre otra materia, no había ningún profesor y/o tutor en la finca impartiendo clases y/o supervisando la actividad realizada por los menores”, recoge la Inspección de Trabajo.
Financiación pública
“Observando que las mangueras de riego no estaban colocadas sobre el terreno ni tampoco en servicio, sino que todas ellas se hallaban depositadas en el fondo de la finca, en la zona colindante con la Facultad de Ciencias Jurídicas”, prosigue. Ante la falta de documentación, citan a Agrocanarias para que aporte desde contratos hasta registros de jornada.
Otra de las declaraciones fue la de una responsable de COAG Canarias. La entidad detalló que recibían 128.000 euros del Servicio Canario de Empleo (SCE) para impartir la formación y que era solo teórica, sin parte práctica. Aunque “tienen la posibilidad de ir a una finca para ver in situ el desarrollo de la actividad relativa al módulo que hayan estudiado”.
Acuerdo con Agrocanarias
Es el caso, dijo, de Agrocanarias, con quienes habían suscrito un convenio. Sobre el día de la Inspección —argumentó— la profesora que impartía el curso estaba enferma y hablaron con el centro de menores, quien a su vez habló con la empresa y decidieron llevarlos a la finca.
Incidió en que quisieron ofrecerles unas prácticas sobre los sistemas de riego, las plagas, y la recolección de las papas que están bien, cuáles se pueden comercializar y aquellas que no. Para justificarlo, aportó varios controles de asistencia. Por otro lado, indicó que habían acudido hasta en tres ocasiones a la finca y nunca los habían llevado a La Aldea.
Conexiones
La historia no se entiende sin tener en cuenta que detrás de todo había una sola persona: Rafael Hernández. Era el presidente del consejo rector de Agrocanarias —la empresa propietaria de la finca—, estaba al frente de la COAG —organismo que impartía las clases— y presidía Oportunidades de Vida —entidad que regentaba el centro de menores—.
Hernández manifestó a los investigadores —como representante de Agrocanarias— que en La Aldea no tienen fincas, pero sí en Siete Puertas y en La Calzada (detrás del Jardín Canario). Asimismo, admitió —siempre según Inspección— que los menores sí habían estado en otras explotaciones agrarias, pero en ninguna del municipio norteño.
Controles de asistencia
La profesora de los menores, quien declaró ante los funcionarios, negó haber realizado los controles de asistencia que aportó la COAG. También refirió no haber llevado a cabo las evaluaciones que envió la entidad —aunque sí otras en fechas distintas—.
Pero la cosa no queda ahí. Según el acta de la Inspección de Trabajo, Agrocanarias dio de alta a uno de sus trabajadores —que no formaba parte del grupo de menores— horas después de la visita de los funcionarios. Un movimiento que llamó la atención de los investigadores.
Procedimiento
Si algo está claro es que la Inspección de Trabajo no perdió el tiempo. Durante el proceso, pidió información a la Policía Nacional y a la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas sobre los migrantes encontrados trabajando en la finca de Tafira.
Con los datos recabados, concluyó que Agrocanarias dio ocupación a nueve trabajadores extranjeros que carecían de autorización administrativa para realizar actividades lucrativas por cuenta ajena en territorio nacional. O, dicho con otras palabras, no tenían permiso de trabajo.
Datos de los... ¿menores?
Seis de ellos eran menores por decreto o documentados, otro lo era según su propia declaración —además había pedido una solicitud de protección internacional— y dos eran mayores de edad —uno de ellos con una orden de devolución posterior a la visita a la finca tras determinarse que tenía más de 18 años—.
Esto refuerza la tesis de la Fiscalía, quien acabó querellándose contra Hernández por la presunta comisión de un delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La sanción
La sanción por parte de Inspección de Trabajo fue contundente: 90.009 euros por emplear a personas en situación irregular, a lo que hay que sumar 4.269,04 euros en función de los salarios abonados por la empresa a quienes sí estaban contratados.
“Habiendo quedado acreditada la prestación de servicios de los menores que se hallaban en la finca para la empresa S.A.T. Agrocanarias, ello implica que esos empleados tienen derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida”, determinó la Inspección.