La defensa de Jennifer Brito, desahuciada el pasado martes junto a sus dos hijos menores de la vivienda en la que residían en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha recurrido la resolución judicial que dio paso al lanzamiento y pide su nulidad. El desahucio se produjo por falta de pago.
El recurso se presentó el jueves, según ha informado este sábado el movimiento vecinal Derecho al Techo. El colectivo reclama además que se investigue la actuación judicial. A su juicio, el juzgado no dio una respuesta específica a las solicitudes de protección que la familia presentó antes del desalojo al amparo del Real Decreto-ley 29/2026, conocido como decreto Maricarmen, en vigor desde el 8 de octubre.
“No se trata de exigir que los tribunales dicten necesariamente una resolución favorable a las familias, sino de reclamar que sus peticiones sean examinadas conforme a la legislación aplicable y que se resuelvan de manera expresa y fundamentada, especialmente cuando está en juego la pérdida de la vivienda habitual de una familia con menores”, sostiene el colectivo.
Dos peticiones sin respuesta
La defensa recurre la diligencia de ordenación del 9 de octubre, dictada por la plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Según el recurso, esa resolución se limitó a remitirse a un auto anterior, del 9 de septiembre, sin responder a las nuevas solicitudes de protección presentadas los días 1 y 8 de octubre al amparo del nuevo decreto.
Para Derecho al Techo, la clave es que la familia pidió que se aplicara una norma nueva antes de que se ejecutara el desalojo. “Una resolución anterior sobre el título de ocupación no responde necesariamente, por sí sola, a una petición posterior basada en una norma distinta”, argumenta. El recurso sostiene que el juzgado debía decidir expresamente si se cumplían los requisitos del decreto y si correspondía suspender el desahucio mientras resolvía.
“Para nosotras resulta imprescindible esclarecer si se dio a la solicitud el trámite previsto legalmente y si se produjo una omisión con consecuencias para los derechos de Jennifer y sus hijos”, ha señalado el colectivo.
¿Qué pide el recurso?
El escrito pide que se revoque la diligencia, que las peticiones se sometan al tribunal para que las resuelva de forma expresa y que se incorporen al expediente los documentos necesarios para reconstruir lo ocurrido, incluida el acta del lanzamiento. También pide que el tribunal examine si procede declarar nula la diligencia y las actuaciones posteriores, incluido el propio desalojo.
Además, solicita que se valoren “las consecuencias reparadoras que pudieran corresponder, entre ellas una eventual reposición posesoria, si jurídicamente procediera”. Derecho al Techo aclara que serán los tribunales quienes decidan, y que presentar el recurso “no implica que la nulidad o la recuperación de la vivienda hayan sido acordadas”.
Sin alternativa habitacional
Según el colectivo, Jennifer y sus hijos estaban en “una situación de especial vulnerabilidad social, económica y residencial”. Un informe municipal del 13 de octubre, el mismo día del desalojo, concluyó que la familia carecía de “una alternativa habitacional conocida que garantizara su alojamiento inmediato”.
Como el informe es posterior a la diligencia recurrida, la defensa no reprocha al juzgado que no lo tuviera en cuenta y pide que se incorpore ahora al procedimiento y se valore. “Ninguna familia debería quedar desprotegida por una falta de coordinación institucional o por una solicitud de protección que no haya recibido el examen que legalmente corresponda”, concluye el colectivo.
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