La nueva Ley de Consejos Sociales ha desatado un intenso debate. Mientras los rectores alertan de una posible invasión de competencias y pérdida de autonomía, desde los consejos sociales se insiste en que la reforma es mínima, necesaria y ajustada a la normativa estatal vigente.
En medio de este cruce de discursos, Atlántico Hoy conversa con José León, vicepresidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Su defensa es clara: la ley no recorta funciones a los rectores, sino que refuerza el papel del organismo al que pertenece como garante del vínculo entre la universidad y la ciudadanía que la financia.
Asegura que el nuevo texto legal apenas introduce cambios sustanciales respecto a la norma de 2003, y que responde, sobre todo, a la obligación de adaptación a la LOSU. Además, rechaza frontalmente la idea de que los consejos sociales pretendan asumir competencias ajenas.
[Pregunta] ¿Les quitarán ustedes autonomía a las universidades públicas canarias?
[Respuesta] Para nada. Es verdad que se trata de uno de los mantras que han tenido los rectores, no se ha hecho una ley nueva, sino reformar la que estaba porque teníamos que adaptarla a la LOSU y lo que se ha hecho es casi copiar todo lo que había en la ley de 2003 y modificar algunos aspectos muy pequeños fruto también de la experiencia después de 20 años de consejos sociales.
¿Sin entrar en cuestiones que han correspondido a los rectorados hasta el momento?
El Consejo Social no se mete en las funciones del Consejo de Gobierno, ni en la parte académica, ni en la libertad de cátedra. Simplemente se trata de reforzar lo que manda la ley, que es la supervisión económica y financiera de la universidad.
Entonces, disculpe que insista, ¿no habrá funciones del rectorado que pasen a estar en manos del Consejo Social?
No, para nada. Rotundamente. El Consejo de Gobierno sigue teniendo sus funciones y el Consejo Social las suyas. No sé de dónde han sacado esa historia. Lo único es que mientras la LOU dejaba hasta tres los miembros que podía haber en el Consejo Social, la ULPGC optó por el cero. Es decir, no tenemos representación en el Consejo de Gobierno actual. Solamente estamos como invitados.
La principal defensa de la Ley de Consejos Sociales se basa en construir una universidad más abierta y flexible. ¿Percibían que hasta ahora la comunidad universitaria vivía en una burbuja que no era tan cercana a la población?
Creo que a la universidad le ha costado. Fíjese que fue el clamor popular quien la reivindicó, pero desde aquellos inicios se ha ido cada vez más encerrando en sí misma. Los rectores querían suprimir que el control interno dependiera del Consejo Social cuando hace 20 años que lo tenemos. Lo que hace el Consejo Social con estos órganos es darle más transparencia a lo la sociedad está demandando de la universidad.
¿Se ha conseguido?
Una labor que tiene el Consejo Social es la relación universidad-sociedad y nos cuesta. La sociedad luchó por tener la universidad, salió a la calle, pero una vez que la tuvo, la dejó también sola. Afortunadamente la cosa va cambiando y los rectores hablan siempre de que debemos adaptarnos a lo que la sociedad nos fija.
Uno de los argumentos que esgrimen los rectores es que no comprenden por qué se pide un mayor control cuando las universidades ya son de los organismos más fiscalizados.
Están fiscalizadas como cualquier organismo público por la audiencia de cuentas y la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Pero ahora querían que el control interno dejara de depender del Consejo Social. Cuando ya hay sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que el control interno no puede depender de un órgano unipersonal.
También debo decir que no fue una iniciativa del Consejo Social, sino de los grupos parlamentarios que son los representantes de la sociedad. Por lo tanto, parece lógico que los representantes de la sociedad lo que han hecho es adaptar el órgano que los representa en la universidad a la nueva ley.
La presidenta del Consejo Social de la ULPGC, Ana Suárez, asegura que la LOSU los compromete a velar por la integridad académica, la transparencia, la ética y la lucha contra el fraude. Hasta ahora, ¿todo eso dependía de alguien? ¿Ha estado la universidad huérfana de un órgano que velara contra cuestiones tan graves como, por ejemplo, la corrupción?
No, viene porque es algo que ya hacíamos sin tener explícitamente las competencias. Pero es verdad que una gran novedad que introduce la LOSU y se lo atribuye a los consejos sociales es todo el tema del control antifraude. De hecho, Ana Suárez preside la comisión antifraude de la Universidad, que antes no estaba.
Imagino que ve esa novedad como algo positivo.
Es lógico que se lo atribuya al Consejo Social porque en la sociedad quién sostiene la universidad, que parece que es un ente caído del cielo. La sociedad financia la universidad.
¿Empresarios y políticos han presionado para que esta ley saliera adelante lo antes posible?
Recuerdo lo que dije al principio: la iniciativa no ha sido del Consejo Social. Quien tiene que responder a esa pregunta es quien ha tomado la iniciativa, que son los representantes de la sociedad. Todos los grupos políticos, salvo Vox, presentaron la proposición de ley hace un año, en mayo del 2024. Fuimos invitados, al igual que los rectores, para dar nuestras consideraciones. La ley final, al ser votada, solo tuvo tres votos en contra, que fueron los de Vox. Salió por una amplia mayoría.
¿En qué beneficia la ley a los estudiantes?
El consejo social, por lo menos el de la ULPGC, es un aliado de los estudiantes. Porque los estudiantes son sociedad también y sus reivindicaciones, hasta ahora, las hemos atendido. Tengan en cuenta que anualmente las normas de progreso y permanencia las aprueba el Consejo Social. Han ido cambiando a lo largo del tiempo por petición de los estudiantes.
A pesar de todo, da la impresión de que el Consejo Social no se conoce demasiado entre la población. ¿Cree que todo este debate, más allá de las críticas que han recibido, ha servido para darse a conocer?
Sí, estoy de acuerdo. No es que la sociedad no conozca que tiene un órgano que la representa aquí, sino que dentro de la propia comunidad universitaria el Consejo Social ha sido el gran desconocido. Aunque cada vez menos porque ahora el consejo social ejerce su labor. Incluso las facultades, profesores, el PDI y el PAS cuando tiene alguna dificultad, acuden al Consejo Social para que sirva también de intermediario entre esos problemas.
Pero yo creo que sigue siendo el gran desconocido y creo que esto nos ha ayudado para que la sociedad entienda y vea que hay un órgano que vela por sus intereses. Es un servicio público.
A modo de conclusión, usted defiende que no hay razones para ver a los consejos sociales como una amenaza para la autonomía universitaria a partir de este momento.
No las hay, para nada. El martes tuvimos un pleno monográfico para explicar detenidamente a todos los miembros del consejo la nueva ley. Conocieron el texto definitivo aprobado y cuál era la comparativa en relación a la de 2003. Y realmente se extrañaron, estaban un poco molestos porque no entendían las manifestaciones en contra de esta ley. La gente se sintió un poco dolida por las manifestaciones de la politización del Consejo Social.