El Juzgado de lo Mercantil Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la solicitud de concurso de acreedores necesario de la Asociación Oportunidades de Vida, encabezada por el expresidente de la COAG en el Archipiélago, Rafael Hernández.
La petición, como publicó el pasado mes de octubre Atlántico Hoy, partió de una extrabajadora de la entidad. La resolución, firmada el 15 de enero de 2025 por el magistrado Guillermo Fernández, establece un plazo de cinco días para que la asociación se manifieste y formule oposición si lo considera oportuno.
Deuda pendiente
La solicitud de concurso se fundamenta en que la imposibilidad de Oportunidades de Vida para abonar el salario de los empleados como también llegó a adelantar este periódico. La extrabajadora considera que el deudor cumple con las condiciones objetivas previstas en la Ley Concursal para ser declarado insolvente.
En una respuesta formal a una empleada la empresa llegó asegurar que no podía hacer frente al abono de las nóminas porque la justicia ha paralizado las cuentas de la ONG. Cuenta con el dinero intervenido por la causa que tiene abierta Hernández por, presuntamente, haber empleado en sus fincas privadas a menores migrantes que se alojaban en el centro Tagoror —dirigido por su hija—. Las instalaciones fueron desalojadas en agosto por la Policía Autonómica tras una orden del juez.
Implicaciones legales
El tribunal ha declarado su competencia objetiva y territorial para tramitar el procedimiento, notificando la resolución a organismos como la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Además, ha establecido la creación de la sección primera del concurso, que recogerá la documentación presentada por las partes implicadas. Si la asociación no formula oposición dentro del plazo señalado, el tribunal dictará el auto definitivo de declaración de concurso de acreedores.
Próximos pasos en el procedimiento
En caso de que Oportunidades de Vida no actúe en tiempo y forma, el tribunal procederá con el concurso, afectando de manera directa a sus activos y operaciones. Este caso podría sentar un precedente para otras organizaciones sociales que se encuentren en situaciones económicas similares.