El Tribunal Supremo (TS) ha decidido que un juzgado de Arona sea el que investigue una presunta estafa de 345.100 euros que corresponden al volumen de transferencias realizadas por un ciudadano que reside en Alemania a una inmobiliaria que resultó ser ficticia.
Los hechos arrancan de una denuncia por presunta estafa que dio lugar al inicio de la instrucción en un juzgado de Valencia y que, básicamente, se concreta en la realización de distintas cantidades de dinero enviadas desde Alemania para gestionar esta operación inmobiliaria.
El acusado pretendía con ese dinero que la sociedad gestionara la venta de dos apartamentos propiedad de la víctima y que están situados en Mallorca.
Más de 20 transferencias
En total se realizaron 22 transferencias, de las que tan sólo dos fueron remitidas a cuentas bancarias domiciliadas en Salou, en Tarragona, y el resto a entidades bancarias situadas en el sur de Tenerife que figuran a nombre de un único titular.
El supuesto autor de la estafa sería el responsable de una empresa inmobiliaria que presuntamente tendría su sede en Valencia y que dispone de páginas webs con rastros en Panamá e India y unos teléfonos, con prefijos de Valencia pero que según la investigación llevada a cabo en esa ciudad fueron generados virtualmente.
De hecho, ni siquiera están relacionados con esta última localidad, y tendrían en común que aparecen registrados a nombre de la misma persona que reside en Madrid.
Sin resultados
Hasta ahora se ha conseguido identificar y documentar las cuentas en las que se recibieron esas transferencias, que se corresponden a otra persona que reside en Costa Adeje, en el sur de Tenerife.
Pero las diligencias policiales encaminadas a localizar las sociedades, tanto en el Registro Mercantil, como en la supuesta sede de Valencia, no han dado resultado alguno.
A favor de los juzgados en Tenerife
Por ello, el juzgado valenciano acordó inhibirse a favor del número uno de Instrucción del Sur de Tenerife, desde donde se rechazó la propuesta al entender que “el mero hecho de que el mayor número de transferencias efectuadas por la víctima se hayan hecho a cuentas radicadas en este partido judicial no es concluyente para atribuir la instrucción a los juzgados de Arona”.
Igualmente se argumenta que el primer lugar donde se consumó la disposición patrimonial inicial en perjuicio del ciudadano estafado fue en Salou, por lo que la investigación debe llevarse a cabo en ese partido judicial”. El juzgado de Arona rechaza la inhibición que procedía de Valencia.
Conflicto entre tribunales
El Tribunal Supremo apunta que desde el sur de Tenerife se debía haber tenido en cuenta que los tribunales de Salou son ajenos a la cuestión planteada, y por ello se remitió la causa a Valencia, que tampoco tendría nada que ver con los hechos denunciados.
Los juzgados tinerfeños admiten que los delitos de estafa cometidos a través de internet se entienden como consumados en todos los lugares en los que existan indicios, de manera que la competencia recaerá en aquellos en el que la investigación policial pueda tener mayor posibilidades de éxito.
Tenerife recibió la mayor parte de las transferencias
Añaden que ocurre así especialmente desde aquellos enclaves en los que pueda operarse sobre los ordenadores informáticos en los que la instrucción sea eficaz.
A lo que el TS apunta que precisamente en este caso concreto resulta que es al sur de Tenerife a donde van parar la mayor parte de las transferencias a cuatro entidades bancarias diferentes, realizadas por la víctima desde Alemania con el consiguiente perjuicio patrimonial, propio del delito de estafa.
Residencia en Adeje
También sería en Costa Adeje donde reside la persona supuestamente responsable del fraude lo que facilitaría la investigación, tal y como defiende el Ministerio Fiscal, que apoya la decisión de que sean los juzgados del sur de Tenerife los que se ocupen de esta trama, dado que los autores de la misma han montado una farsa al asegurar que la empresa está situada en Valencia, cuando en realidad se ha comprobado que no existe.
Por lo tanto, se impone el criterio de que se aclaren los hechos en el lugar al que ha ido a parar la mayor parte del dinero obtenido de forma fraudulenta, y por lo tanto desde los juzgados de Arona.