La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Marruecos de un ciudadano de ese país detenido en Arrecife (Lanzarote) y reclamado por las autoridades marroquíes por su presunta participación en una organización dedicada a facilitar la inmigración irregular hacia Canarias.
El tribunal fundamenta su decisión en la diferencia entre las penas previstas en ambos países. Mientras que en Marruecos los hechos atribuidos al acusado pueden castigarse con hasta 20 años de prisión, la Audiencia considera que la conducta por la que se solicita su entrega está penada en España con una multa de tres a doce meses o una pena máxima de un año de cárcel. La legislación española exige que el delito alcance al menos dos años de prisión para autorizar la extradición.
Detenido tras una alerta de Interpol
El procedimiento comenzó en noviembre de 2025, cuando la Audiencia Nacional recibió una comunicación de Interpol sobre la detención del reclamado en Arrecife. Ese mismo mes se celebró una vista en la que tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron su libertad provisional, que fue acordada con determinadas condiciones para garantizar su localización.
Posteriormente, en enero de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió la solicitud formal de extradición presentada por Marruecos y se dio continuidad al procedimiento, que finalmente ha terminado con el rechazo de la entrega.
Miles de euros por un viaje a Canarias
Según la investigación de las autoridades marroquíes, el acusado formaba parte de una presunta trama que organizaba salidas clandestinas desde distintos puntos de la costa de Marruecos hacia Canarias, utilizando zonas sin controles de vigilancia.
El caso se originó a raíz de la denuncia de una persona que pretendía viajar al Archipiélago y contactó en Agadir con varios individuos que supuestamente facilitaban estas travesías. Al hombre reclamado por Marruecos se le atribuía la función de transportar a los migrantes en lanchas neumáticas, aprovechando su presunta experiencia en este tipo de desplazamientos.
La persona denunciante aseguró haber abonado 30.000 dirhams, unos 2.800 euros, antes de ser trasladada a una vivienda en Mirleft donde se encontraban otros cuatro aspirantes a realizar el viaje. Posteriormente, el grupo se desplazó hasta Sidi Ifni, donde entregó una cantidad total de 150.000 dirhams, cerca de 14.000 euros.
Sin embargo, el viaje nunca llegó a realizarse. Tras efectuar los pagos, los afectados perdieron el contacto con los supuestos organizadores y, al comprobar que no conseguían localizarlos, denunciaron los hechos al considerar que habían sido víctimas de una estafa.
Condenado en Marruecos
La investigación permitió identificar a varios presuntos integrantes de la organización. Uno de ellos fue juzgado en Marruecos y condenado a dos años de prisión, de los que debía cumplir un año y medio, mientras que el resto de la pena quedó suspendida.
Otros dos investigados, entre ellos el ciudadano detenido en Lanzarote, no pudieron ser arrestados inicialmente por encontrarse fuera del territorio marroquí.
Pese a la solicitud de las autoridades de Marruecos, la Audiencia Nacional ha descartado su extradición al no cumplirse el requisito relativo a la pena prevista en la legislación española, sin que esta decisión suponga un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del reclamado.
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