El Parlamento de Canarias revivirá fantasmas del pasado. Todos los grupos que conforman la cámara regional, excepto Vox, firmaron hace una semana una Proposición de Ley de Accesibilidad Universal. El objetivo es sustituir la de 1995 para hacerle la vida más fácil a las personas con discapacidad en el mundo actual. Pone el foco en los espacios de uso público, los edificios, los medios de transporte o los procesos de comunicación.
El documento, que es público desde el primer día, recuerda mucho —por no decir que es idéntico— a otro presentado en 2021 del que nunca más se supo nada. Los más observadores se darán cuenta de que, por ejemplo, tienen el mismo preámbulo y el artículo 1 coincide palabra por palabra. La realidad es que se trata de un segundo intento porque en la legislatura anterior el proceso se demoró tanto que nunca salió adelante.
Pocos cambios
Quizás, querido lector, le resulte paradójico que una iniciativa con la bendición de todas las formaciones políticas no se pudiera aprobar. Pero fueron tantos los baches que surgieron por el camino que acabó expirando a un mes y medio de las elecciones celebradas el 28 de mayo de 2023. Lo único diferente es que la primera vez Vox no tenía grupo parlamentario y ahora, que sí cuenta con uno, ha decidido quedarse al margen.
Además de adaptar los servicios esenciales, la futura ley —si esta vez consigue superar el trámite— pretende integrar las condiciones básicas de accesibilidad en el marco normativo del Archipiélago. Todo en base a las directrices marcadas desde el Estado o la Unión Europea (UE). La cosa no queda ahí porque también pretende promover el uso de productos de apoyo para ayudar a las personas con discapacidad en la interacción con el entorno.
Prórroga
La primera complicación llegó el 12 de enero de 2022, un mes después de la entrada de la iniciativa. El consejero de Administraciones Públicas durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres, Julio Pérez, firmó una solicitud donde el Ejecutivo solicitaba un mes de prórroga para tomar una posición sobre lo que había planteado el Parlamento autonómico.
“Considerando la complejidad de la norma y sus afecciones sobre normativas sectoriales, que al coincidir con el cierre del ejercicio presupuestario y el agravamiento de la situación derivada de la COVID-19, ha sido imposible recabar el criterio técnico de todos los Departamentos y la necesidad de disponer de todos los antecedentes”, argumentó.
Plena autonomía
El periodo de gracia le fue concedido y, con puntualidad británica, el 11 de febrero el Gobierno informó de que daba su visto bueno porque perseguía el objetivo de “conseguir una sociedad inclusiva y accesible que permita avanzar hacia la plena autonomía de las personas”. Así como evitar la discriminación y propiciar la igualdad de oportunidades para todos, “especialmente para las personas que tienen discapacidades”.
Otro de los puntos que lo convenció fue que actualizaría la normativa canaria de accesibilidad de las personas con discapacidad. El 8 de marzo, el tema llegó al Pleno del Parlamento y se debatió su toma en consideración. El día 29 del mismo mes, el Ministerio de Política Territorial envió un requerimiento en el que advertía que el proyecto podría invadir competencias exclusivas del Estado en materia de telecomunicaciones.
Exigencia
Esa podría ser la explicación de que en el nuevo texto el artículo 2 sea tajante: “La presente ley es de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”. En un escrito posterior, del 6 de abril de 2022, el mismo ministerio advierte que “en ningún caso las condiciones establecidas por la normativa autonómica en materia de accesibilidad pueden ser menos exigentes que las estatales”.
Merece la pena resaltar que entre los fines de la ley está hacer más accesibles las entradas y las salidas de las viviendas. Una vez había pasado por el Consejo Consultivo, llegó el mes de julio y el Grupo Parlamentario Socialista solicitó una prórroga del plazo para presentar enmiendas a la iniciativa. El 14 de septiembre, Coalición Canaria (CC) presentó una donde pedía, entre otros, que se garantizara la cofinanciación a ayuntamientos y cabildos.
Presentación de enmiendas
El tiempo seguía pasando y el 3 de octubre fue el Partido Popular quien pidió más tiempo para la presentación de enmiendas. La solicitud fue firmada por el actual vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, como portavoz del grupo parlamentario. El 24 de octubre hubo una buena noticia porque el trámite recibió el visto bueno de la Comisión General de Cabildos Insulares.
Una de las últimas noticias fue la enmienda registrada por el Grupo Mixto el 22 de diciembre. Con el nuevo año, el 17 de enero de 2023 se produjo una diligencia de vencimiento de plazo y el 4 de abril se declaró la caducidad del procedimiento. El mes siguiente hubo elecciones y el resto es historia. Ahora, dos años después, los grupos parlamentarios quieren volver a intentarlo.
"Crecimiento sostenible"
En 2021 los grupos recordaron que el documento contaba con aportaciones consensuadas junto a distintos representantes del sector a través de una comisión creada en 2019. La exposición de motivos recoge que “es esencial que las personas con discapacidad participen plenamente en la vida económica y social para que una sociedad tenga éxito en su empeño de generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.
“La comunidad internacional ha reconocido expresamente que, en un entorno accesible y con ausencia de barreras, las personas con discapacidad mejoran significativamente sus habilidades y autonomía, incrementan su participación y autogestión en la vida diaria y social, de forma que se eviten situaciones de marginación y se reduce su dependencia de terceros”, reflexiona.