El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, que reforma el funcionamiento de los consejos sociales de las universidades públicas, unos órganos que representan a la sociedad dentro de las instituciones universitarias y, en pocas palabras, enlazan la Universidad con la sociedad.

La norma se ha aprobado este miércoles sin los votos del PSOE, y esta falta de consenso trasciende al Parlamento: aunque hay valoraciones positivas de algunos sectores de la sociedad, las principales afectadas por la norma, las universidades públicas del Archipélago, no están de acuerdo con la norma, aunque asumen que tendrán que adaptarse a las modificaciones.

Universidades controladas

"Creemos sinceramente que no es una buena decisión la que ha tomado el Parlamento", dice a Atlántico Hoy el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, quien defiende que las universidades públicas ya están sometidas a múltiples mecanismos de control. 

"Esta ley no va de controlar más a las universidades. Las universidades estamos muy controladas, no hay ninguna otra administración pública ahora mismo en Canarias más controlada desde el punto de vista económico financiero", afirma. Entre otros mecanismos, cita la auditoría anual de la Intervención General, los controles de la Audiencia de Cuentas y el control interno que ejerce el propio Consejo Social.

A juicio del rector, la nueva norma traslada competencias que deberían recaer en el Consejo de Gobierno u otros órganos académicos, al ámbito del Consejo Social: "El hecho de que el Consejo Social vaya a tomar unas decisiones que de manera natural deberían ser tomadas por otros órganos colegiados como el Consejo de Gobierno, creo que va a hacer que las decisiones sean menos buenas, sinceramente". Y añade: "Puede aportar información para tomar esas decisiones, pero no deberían ser los decisores últimos". 

Qué dice la ley

La norma se adapta a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y busca, según sus impulsores, que las universidades sean más transparentes, eficaces y estén más conectadas con la sociedad.

La clave es que refuerza el papel de los consejos sociales, que estarán compuestos por representantes del Gobierno, Parlamento, cabildos, sindicatos, colegios profesionales, alumnado, PDI y PAS (personal docente y administrativo de las universidades, respectivamente). También regula su financiación y les otorga autonomía a través de reglamentos propios.

Entre sus funciones están supervisar la gestión económica, aprobar presupuestos y cuentas, informar sobre la creación de centros y títulos, impulsar la captación de recursos y fomentar la inserción laboral del estudiantado.

Conferencia de Consejos Sociales

Además, la norma crea la Conferencia de Consejos Sociales y consolida el Consejo Universitario de Canarias como órgano de consulta, mientras el Gobierno de Canarias asume competencias de planificación estratégica, ajuste de la oferta académica, gestión de becas y fomento de la movilidad entre universidades.

Durante el debate parlamentario, la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, defendió que con esta ley se buscan "unas universidades abiertas a la sociedad con un fortalecimiento del papel de los consejos sociales". Espino aseguró que "se reafirma la autonomía universitaria y se delimitan claramente las competencias del consejo social, que no interfiere en cuestiones académicas, pero sí vela por el buen uso de los recursos públicos, por la vinculación de la universidad con la sociedad y por su participación en la planificación estratégica". También afirmó que "la ciudadanía tiene derecho a conocer el retorno de los recursos que invierte en la universidad" y que "se garantiza la presencia mayoritaria de las universidades públicas en el Consejo Universitario, por solo cinco de las privadas".

Desde el Partido Popular, la diputada María Isabel Saavedra destacó que la ley consolida "un modelo de universidades abiertas con consejos sociales fuertes, que actúan como un verdadero espacio de interlocución con la sociedad y que participan en la orientación estratégica de las universidades".

A favor y en contra

En cambio, el PSOE y Nueva Canarias (NC) votaron en contra por considerar que se da demasiado peso a las universidades privadas y por la falta de diálogo. Yaiza López Landi, del PSOE, afirmó: "No se nos han aceptado enmiendas, ni se ha escuchado a los rectores, ni a los consejos de gobierno ni al estudiantado, este proceso debía haberse construido con participación de todos los actores implicados". Añadió que "esta ley modifica sin consenso el modelo de gobernanza de las universidades públicas y se da mayor protagonismo a los consejos sociales sin fortalecer el conjunto del sistema".

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, señaló: "Queremos reforzar a las universidades públicas, mientras que el Gobierno opta por dar más peso a las privadas". Hernández defendió sin éxito que la creación de nuevas universidades privadas se haga con transparencia y siempre después de un debate parlamentario.

Y aunque votaron a favor, el diputado de Vox, Nicasio Galván, criticó que "no es una ley de consenso, toda vez que los propios rectores se oponen", y rechazó "el enfoque de género" y las cuotas, que calificó de "un absoluto disparate". También mostró su oposición a que se limite a cinco el número de representantes de las universidades privadas en el Consejo Universitario.

Estudientes y empresarios

Fuera del Parlamento, la ley también ha generado críticas. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) advirtió que supone "un grave retroceso" porque "otorga nuevas competencias a los Consejos Sociales, que invaden directamente funciones que hasta ahora eran propias de los órganos de gobierno universitario", lo que abre "las puertas a interferencias externas, políticas o empresariales, en decisiones académicas". CREUP lamentó que "no ha sido fruto del diálogo ni del consenso con la comunidad universitaria" y subrayó que "la universidad pública no puede funcionar bajo lógicas empresariales ni responder a intereses ajenos a su misión educativa, investigadora y social".

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, Francisco Almeida, defendió que la ley "no busca socavar la autonomía universitaria y cuenta con el consenso de los principales grupos parlamentarios".

Desde el ámbito empresarial, sin embargo, ven esta reforma con buenos ojos. El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, consideró que es "una muy buena noticia" porque "les da a las universidades una mayor capacidad de cercanía a la realidad, no solo empresarial, que es muy necesaria en la transferencia de conocimiento y en la llegada de los egresados al mercado laboral". Afirmó que "la competencia de las universidades privadas es un hito que ha venido para quedarse" y que "sinceramente es un gran paso".