El Congreso de los Diputados ha reactivado este mes la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo penitenciario que llevaba paralizada en la Cámara Baja desde septiembre de 2024.
La iniciativa vuelve ahora al debate político en un momento en el que los sindicatos insisten en la necesidad de reforzar la protección jurídica de los trabajadores ante agresiones, amenazas o ataques dentro de los centros. En el caso de las prisiones canarias, se registraron 59 agresiones en dos años.
Protección insuficiente
Gonzalo Legazpi, delegado de Tu Abandono Me Puede Matar en Las Palmas - sindicato que se ha manifestado repetidamente en los últimos tres años -, sostiene que el retraso en la aprobación de la norma responde principalmente a “un tema político” y lamenta que el texto esté atrapado en una dinámica parlamentaria de ida y vuelta.
Según explica, la medida “no acarrea ningún gasto” y daría a los funcionarios penitenciarios una cobertura jurídica que ahora consideran insuficiente. “Lo que nos da es una personalidad jurídica para que las agresiones a los funcionarios no salgan gratis de cara a los presos”, señala Legazpi.
Posibilidad de que se apruebe
El delegado sindical subraya que los internos “saben” que agredir a un funcionario de prisiones no tiene actualmente las mismas consecuencias que atacar a otros colectivos reconocidos como autoridad. “No es como si agreden a un sanitario, a un docente o a un agente de la autoridad. Nosotros no tenemos esa categoría”, resume.
El representante de TAMPM en Las Palmas cree que su aprobación dependerá de que no se introduzcan nuevas modificaciones en el Senado y de que el Congreso la vote definitivamente, aunque confían en que, "al ser las elecciones el que viene, puede salir adelante".
Agresiones en las prisiones canarias
En Canarias, los datos oficiales remitidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reflejan que los centros de Tenerife, Las Palmas y Las Palmas II registraron en 2025 un total de 18 agresiones a profesionales penitenciarios.
Tenerife contabilizó seis incidentes —tres leves y tres sin lesiones—, mientras que Las Palmas y Las Palmas II sumaron seis cada uno, en ambos casos con una agresión leve y cinco sin lesiones. A estos datos se añaden otros centros del Archipiélago, como Arrecife, con tres agresiones, y Santa Cruz de La Palma, con una.
Suma un total de 22 agresiones a las que se juntan las registradas en 2024, año en el que la cifra fue mayor. Ese año, Tenerife registró 13 agresiones —cuatro leves y nueve sin lesiones—, Las Palmas sumó seis y Las Palmas II alcanzó las 15, y Arrecife, tres. En total, se acumularon 37 incidencias durante 2024, por lo que en dos años se registraron casi 60 agresiones.
Incidentes sexuales
A las agresiones se les añade incidentes sexuales de internos hacia profesionales penitenciarios. El informe de 2025 recoge dos casos en la categoría de exhibicionismo o provocación sexual: uno en Las Palmas y otro en Las Palmas II.
En el conjunto del Estado, Instituciones Penitenciarias contabilizó 51 casos de acoso sexual, seis agresiones sexuales y 60 episodios de exhibicionismo o provocación sexual a funcionarias de prisiones.
Qué cambiaría la ley
La proposición de ley orgánica del PSOE plantea modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias tengan, “a todos los efectos legales”, el carácter de agentes de la autoridad.
El texto también prevé que puedan identificarse mediante su número de registro profesional en procesos administrativos y judiciales derivados de su actividad, una cuestión vinculada a la protección de sus datos personales.
La iniciativa incorpora además que los informes emitidos por funcionarios penitenciarios que hayan presenciado hechos en procedimientos disciplinarios puedan constituir base suficiente para adoptar una resolución, salvo prueba en contrario.
Compensanción económica
Asimismo, contempla garantías específicas si un funcionario penitenciario es detenido o ingresado en prisión, de forma que permanezca separado del resto de internos para salvaguardar su integridad física.
Otro de los puntos centrales es el principio de indemnida. La Administración deberá compensar económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales o materiales en acto de servicio o con ocasión de este, siempre que no haya mediado dolo, negligencia o impericia grave por parte del trabajador.