La aprobación en el Parlamento de Canarias de la nueva Ley de Consejos Sociales ha abierto un debate sobre el equilibrio entre control institucional y la autonomía universitaria. El texto pretende adaptar el funcionamiento de estos órganos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Ahora bien, su tramitación y contenido han generado críticas por la posible invasión de competencias. Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), denuncia que se ha llevado a cabo sin un diálogo previo y en un contexto donde ya son objeto de una estricta fiscalización pública.
En una entrevista concedida a Atlántico Hoy, Serra analiza las implicaciones de la nueva normativa para el futuro de la institución académica y para el sistema universitario canario en su conjunto. Aborda, por ejemplo, las consecuencias para el estudiantado en cuestiones como las normas de permanencia.
[Pregunta] La semana pasada se aprobó en el Parlamento de Canarias la nueva Ley de Consejos Sociales y la medida parece que no ha terminado de convencer ni a usted ni a Francisco García, el rector de la ULL. ¿A qué responde su rechazo?
[Respuesta] Fundamentalmente es por cómo se ha desarrollado esta ley. Nace como pretexto de que hay que actualizar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada hace un par de años en el Congreso de los Diputados. Entendemos que se ha hecho de forma rápida invadiendo competencias de la universidad con el argumento de fomentar la proyección social de la misma.
¿Dónde hay que poner el foco?
Es una discusión compleja que a veces es muy difícil hacer entender a la población porque se puede llegar a pensar incluso que no queremos que se nos fiscalice o controle. Pero, en realidad, la universidad es una de las instituciones más fiscalizadas y evaluadas de todas las instituciones. Y particularmente la Universidad de las Palmas de Gran Canaria tanto en el ámbito económico como académico, docente e investigador.
¿No es necesario aumentar el nivel de control?
Habría que ver si realmente es necesario este aumento de la fiscalización y, en segundo lugar, analizar en qué medida esta merma de la autonomía de las universidades va a afectar en el funcionamiento. Tampoco tenemos ahora que empezar a criticar una ley que ha sido aprobada por el Parlamento de Canarias.
¿Qué se debe hacer entonces?
Ver en qué medida esta ley se ajusta a la normativa, a la propia autonomía universitaria y a la Constitución. Pero será en los próximos meses o años tranquilamente. Sobre si va a mejorar la proyección social de nuestra universidad, debo decir que esto es fácil de evaluar. La proyección social de la ULPGC en estos últimos años ha sido espectacular.
¿En qué sentido?
Ha sido una multiplicación en todo a todos los niveles, números de convenios, presupuesto captado, transferencia o mecanismos para hacer un plan de titulaciones adaptado a las distintas personas implicadas en el propio mercado laboral. Se ha hecho un salto muy importante. Se ha hecho un salto muy importante. ¿Que podemos ir más allá? Por supuesto. ¿Que esta ley lo va a conseguir? Lo veremos.
Llama la atención que una ley así no haya sido consensuada con los rectores ni con el PSOE, el principal partido de la oposición. ¿Por qué había tanta prisa en sacarla adelante?
No sabemos por qué había tanta prisa, pero es evidente que las universidades no pueden politizarse. Es posible que se hayan politizado en el pasado, pero la ULPGC no puede ni debe politizarse porque estamos al servicio de todos los ciudadanos.
Es un asunto complicado.
Cualquier politización es compleja. Y por otro lado, los pactos entre los distintos partidos políticos es algo que a una persona como yo, que nunca ha estado en política, ni afiliada a ningún partido o que ni siquiera siempre ha votado a la misma formación en las elecciones, le resulta complejo entrar en ese juego de negociaciones entre las distintas siglas. Esto, francamente, se nos escapa un poco a los rectores.
¿Las universidades públicas estarán ahora más controladas por los empresarios y el Gobierno?
No. La verdad es que se trata de dar más poder a los consejos sociales, pero el grado de control actualmente ya es mucho. Por lo menos en las universidades públicas canarias. Los presupuestos de ambos consejos sociales rozan los 800.000 euros al año para una población aproximada de 20.000 estudiantes cada universidad. Universidades como la de Barcelona, con cinco o seis veces más alumnos, tienen un presupuesto de 340.000 euros, menos de la mitad.
La relación entre el Consejo Social y el rectorado siempre ha parecido buena.
Hemos trabajado siempre conjuntamente, en un clima de cordialidad, de trabajo y tiene que seguir siendo así. Pero el modo en el que se ha tramitado la ley y lo poco que se ha podido negociar por nuestra parte [les] deja, de alguna forma, un cierto favor. Pero bueno, en cualquier caso, las leyes están para cumplirlas.
La ULPGC, como decía usted hace un momento, tiene más de 20.000 alumnos. Puede que muchos se pregunten en qué les afecta esto a ellos porque son, en definitiva, la mayor parte de la comunidad universitaria. ¿Deben estar preocupados?
No deben estar preocupados. Voy a poner solo un ejemplo porque habría que analizar en detalle los artículos. Hay un tema que preocupa mucho al estudiantado: las normas de progreso y permanencia. Son una serie de normas que permite a los estudiantes avanzar más o menos rápidamente en sus estudios o que le cuente la convocatoria si no se presenta.
En la ULPGC había normas de progreso y permanencia bastante rígidas. En la anterior ley estas normas de progreso y permanencia dependían del Consejo Social. A mí me costó casi cuatro años convencer al Consejo Social que había que relajar estas normas de progreso y permanencia, porque esto iba a favor del rendimiento de los propios estudiantes. Muchas veces se veían obligados a abandonar los estudios por agotar las convocatorias.
¿Ahora la situación puede cambiar?
La LOSU atribuye las normas de progreso y permanencia al equipo rectoral, no al Consejo Social. Sin embargo, esta ley se las vuelve a atribuir de nuevo al Consejo Social. Esto es un ejemplo, pero lógicamente encontraríamos otros.
Hagamos, si le parece, un ejercicio con cierta ficción. Si mañana usted se sentara en una mesa con la presidenta del Consejo Social de la ULPGC, el Gobierno de Canarias y los grupos parlamentarios, ¿qué apuntes haría? ¿Qué aspecto considera que son negativos?
Con la presidenta del Consejo Social tengo una relación estrecha y hablamos a menudo. Lo que tengo que decirle, se lo digo con toda franqueza igual que ella a mí. Nunca tenemos que estar de acuerdo en todo, lo normal es disentir. En la universidad estamos acostumbrados justamente a que cada uno defienda su punto de vista.
¿Cuáles son los puntos que menos les convence?
En este momento no tiene mucho sentido estar identificando los temas de la ley que no nos gustan porque ya está aprobada. Habrá que ver si en el contexto de las universidades españolas se considera que esta ley pueda ser utilizada en otras comunidades autónomas. Por tanto, conviene analizarla y ver en qué grado invade, como decía antes, las competencias de las universidades. Pero esto será algo que se desarrolle a nivel global.
¿Qué destacaría de la universidad pública canaria?
La universidad es un espacio libre, de pensamiento y de talento. En la universidad pública estudian los mejores estudiantes de Canarias, los que tienen mejores notas, los que se pueden quedar aquí. Esto hace que haya un espacio de talento que hay que darle libertad y capacidad para tomar decisiones y decidir los aspectos concretos de sus propias políticas académicas.
Para despejar dudas que hayan podido surgir, ¿las universidades públicas han sido, hasta el momento, menos democráticas de lo que deberían?
Últimamente se han escrito editoriales contra las universidades públicas, algunas con tonos francamente de muy poco respeto, rozando el delito. Justamente decían que éramos demasiado asamblearias y democráticas, que la gobernanza no era factible. Nunca se nos ha tachado de poco democráticas, sino más bien de lo contrario. A veces se nos ha acusado de endogámicas y de estar cerradas. Esto normalmente son críticas que nacen de gente que tiene un cierto resentimiento con la universidad.
¿A qué cree que se debe?
Muchas veces entrar a estudiar a la universidad, seguir un doctorado o incluso llegar a ser profesor no es fácil. La gente que no lo consigue, en ocasiones, nos guarda un cierto resentimiento que a veces se expresa a través de comportamientos totalmente inexplicables.
¿Qué ha mejorado en los últimos años dentro de la ULPGC?
En estos últimos años hemos mejorado la transparencia, tenemos un 10 en el portal de la universidad. También hemos mejorado los procesos de selección para que se eviten situaciones endogámicas en la universidad. Incluso hemos instaurado un comité antifraude con un buzón especial que tenemos funcionando desde hace casi un año.
Las universidades seguiremos empujando, desarrollando y adaptando nuestra oferta académica al mercado laboral. Si nos dan agilidad administrativa para hacerlo en tiempo y forma, porque esto es algo de los que nos quejamos también. Cada euro que se invierte en nuestras universidades se multiplica por cinco o incluso por ocho en algunos aspectos de rendimiento.