La abogada Margarita López Anadón, especializada en Derecho de Familia y en la protección de menores en situación de riesgo o desamparo, describe a Atlántico Hoy un problema que, a su juicio, se repite con frecuencia en Canarias y en el conjunto de España, y que concierne a menores declarados en desamparo, cuyas situaciones no se revisan de forma efectiva, familias que no saben cómo reclamar y vínculos familiares que se deterioran con el paso del tiempo.
Uno de los casos que mantiene abierto actualmente la letrada es el de Teresa, una madre de Santa Cruz de Tenerife que lleva casi cinco años reclamando a la Dirección General del Menor que le devuelva a sus cuatro hijos. “Casos como este se suelen repetir muchísimo. La Administración no cumple, no revisan los casos para ver qué cambios ha habido”, afirma y matiza que "la ley establece que las medidas de protección no permanentes deben revisarse cada seis meses para menores de más de tres años y cada tres meses para los más pequeños".
Expedientes que se enquistan
Para López Anadón, el incumplimiento de la mencionada revisión provoca que los expedientes “se enquisten”.
“Como no los muevas, se quedan ahí”, sentencia, recordando que la demora afecta a los menores, sobre todo. La letrada critica además que la responsabilidad se traslade a las familias: “Luego te dicen que eres tú la que no te has movido. No. Ustedes tienen que moverse también”.
Familias desprotegidas ante la Administración
Una de las propuestas centrales de la abogada es la creación de un turno de oficio especializado en menores con medidas de protección, similar al existente en violencia de género. Considera que las familias afectadas necesitan acompañamiento jurídico específico desde el primer momento.
“La ley debería decir que debe ser obligatorio un abogado especializado y hacer un turno especializado para menores con medidas de protección”, defiende. En su experiencia, los procedimientos de oposición a las resoluciones administrativas de protección de menores no son equiparables a los procesos ordinarios de familia.
“Puedes ser un abogado experto y magistral en Derecho de Familia, pero esto es otro mundo”, explica. La letrada sostiene que la defensa exige no solo presentar recursos, sino trabajar con la familia, impulsar valoraciones y mantener contacto con los técnicos de la entidad pública.
El riesgo de ruptura del vínculo
López advierte de que las visitas supervisadas pueden reducirse progresivamente hasta hacer inviable la relación entre padres e hijos. “Igual tienes suerte y empiezas con una visita de una hora supervisada a la semana. Siempre terminan con una hora al mes”, asegura.
Para la abogada, esa reducción tiene consecuencias especialmente graves en niños pequeños colocados en familias ajenas. “Un niño pequeño, con una visita al mes con sus padres, en una familia que lo está cuidando… Al final rompes el vínculo”, afirma.
Legislación
Destaca la abogada que la legislación establece que las entidades públicas deben promover la relación y colaboración familiar y programar los recursos necesarios para posibilitar el retorno del menor a su familia de origen cuando ese sea su interés. También prohíbe impedir sin justa causa las relaciones del menor con hermanos, abuelos y otros parientes.
“La idea es que la situación de desamparo es provisional y, cuando desaparezcan los indicadores, la entidad pública debe procurar que los menores se integren con su familia”, recuerda. En su opinión, sin embargo, la práctica habitual no siempre responde a ese objetivo.
Desamparo o guarda voluntaria
También la abogada distingue entre desamparo y guarda voluntaria, dos figuras con consecuencias muy distintas para las familias. El desamparo, dice, supone la asunción de la tutela por la entidad pública y, en la percepción social, una imputación de negligencia parental; la guarda voluntaria permite a una familia entregar temporalmente el cuidado de un hijo por circunstancias sobrevenidas sin que ello equivalga a una ruptura definitiva.
“La mayoría de los menores que se llevan tendrían que estar en guarda voluntaria, pero no en desamparo. El desamparo son palabras mayores y muy graves”, sostiene López Anadón. Además, la letrada considera que la falta de información agrava la situación ya que, según explica, muchas familias no conocen la diferencia entre ambas figuras ni sus derechos. “Se aprovechan de todo. Las familias no están informadas”, denuncia.
El dato que enciende la alarma
La entrevista se produce después de que Canarias registrara en agosto el dato excepcional de que 28 recién nacidos fueron entregados en guarda tras renunciar sus madres a su cuidado en el momento del nacimiento, según informó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, ante el Parlamento regional.
Recuerda la abogada que entonces la Administración autonómica explicó que ninguno de los bebés tuvo que ingresar en un recurso de acogimiento residencial, ya que todos fueron acogidos por familias, y que se trata de una situación “singular” que exige revisar las actuaciones preventivas. López Anadón utiliza este dato para subrayar la necesidad de distinguir con precisión entre una crisis familiar temporal y una situación real de desamparo. “Puedes entregar a un hijo porque estás enferma, porque te has quedado sin casa o por circunstancias puntuales, pero eso no es que lo regales”, afirma.
Una cuestión de garantías
Para la abogada, el problema no es solo la duración de los expedientes, sino la asimetría entre una Administración con recursos técnicos y familias que carecen de información, representación especializada y apoyo para demostrar que han cambiado sus circunstancias.
“Hay muchísima indefensión, sobre todo con las familias. Es un tema muy oculto, porque la gente de la calle ni se imagina lo que está pasando”, concluye.
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