Maricarmen Abascal tiene 87 años. Entró a vivir en 1956 en un piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid y salió de él 71 años después, en una camilla y por orden judicial. Su imagen rodeada de agentes y vecinos ha llenado la Puerta del Sol de tiendas de campaña y ha obligado al Gobierno a recuperar a toda velocidad un decreto sobre vivienda que llevaba meses atascado entre sus socios parlamentarios.
A priori, podría parecer una historia lejana a Canarias. No lo es.
Mientras España discutía esta semana sobre el caso de la anciana madrileña, en Granadilla de Abona una mujer de 54 años con cáncer terminal afrontaba su tercer intento de desahucio. El lanzamiento terminó suspendiéndose temporalmente después de que intervinieran el Ayuntamiento y el Instituto Canario de la Vivienda.
Dos días después, en Las Palmas de Gran Canaria, el colectivo Derecho al Techo advertía de que tiene contabilizados al menos 20 desahucios previstos solo durante octubre en Gran Canaria. La concentración estaba dedicada precisamente a Maricarmen.
Y detrás de esos casos particulares hay números difíciles de ignorar: 36.950 personas estaban inscritas en abril como demandantes de algún tipo de vivienda protegida en Canarias, casi el doble que en 2018.
El caso que ha desencadenado una crisis política nacional toca así un problema que en las Islas lleva años acumulando presión.
Una casa durante 71 años
El caso de Maricarmen es jurídicamente más complejo que el relato de una propietaria que simplemente decidió multiplicar el alquiler.
El contrato original era de renta antigua y lo había firmado su padre en 1956. Después se subrogó a su madre y posteriormente a ella. La empresa propietaria defendió que esa segunda subrogación ya no tenía cobertura legal. Maricarmen ganó inicialmente el procedimiento, pero la Audiencia Provincial revocó la sentencia y el Tribunal Supremo acabó dando la razón a la propiedad.
La mujer llevaba años abonando unos 500 euros mensuales. La propiedad planteó posteriormente una renta de 2.650 euros, prácticamente el doble de su pensión, cifrada en unos 1.350 euros. Incluso apareció una persona dispuesta a asumir la diferencia para que pudiera quedarse, pero no se alcanzó un acuerdo que evitara el lanzamiento.
Casi 37.000 personas
En abril había 36.950 personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. En 2018 eran 19.028.
La comparación requiere una precisión: esas casi 37.000 personas no conforman una única cola esperando que el Gobierno les entregue inmediatamente una vivienda pública. El registro incluye distintas modalidades de vivienda protegida, pública y privada, tanto en alquiler como en propiedad.
Pero su evolución sí muestra cuánto ha aumentado la población que busca una solución residencial fuera del mercado libre.
Solo la demanda de vivienda protegida privada en propiedad pasó de 3.105 inscritos en 2018 a 13.149 en 2026. Los demandantes de vivienda protegida privada en alquiler aumentaron de 4.305 a 9.932.
Mientras tanto, el Gobierno canario asegura que desde el inicio de la actual legislatura ha recibido solicitudes para la calificación provisional de 4.047 nuevas viviendas protegidas. No significa que esas 4.047 casas estén ya construidas o disponibles: se encuentran en diferentes fases del proceso de promoción.
Son dos magnitudes distintas, pero ayudan a entender el reto: la presión residencial se mide en decenas de miles de demandantes mientras ampliar físicamente el parque requiere suelo, financiación, proyectos, licencias y años de construcción.
¿Podría ocurrir aquí?
Canarias no puede reproducir exactamente el caso de Maricarmen porque cada desahucio tiene su propio contrato, procedimiento judicial y circunstancias.
Sí comparte, sin embargo, el problema que su caso ha colocado en el centro del debate: qué alternativa existe cuando una persona vulnerable debe abandonar legalmente su vivienda y no puede acceder a otra en el mercado.
Esta misma semana las Islas han tenido un ejemplo.
La mujer de Granadilla cuyo desahucio estaba señalado para el viernes tiene 54 años, padece un cáncer terminal, está recibiendo quimioterapia y tiene reconocida una dependencia de grado 2, según el Sindicato de Inquilinas. La organización aseguraba que no había podido encontrar otra vivienda porque carecía de nómina y contrato laboral. El lanzamiento se suspendió, pero era ya el tercer intento de desalojarla.
En Las Palmas de Gran Canaria, Atlántico Hoy contó este mismo mes el caso de otra familia con un menor y dos personas mayores con discapacidad del 100% que afrontaba también un procedimiento de desahucio.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reaccionó al caso de Maricarmen reclamando precisamente un cambio en la legislación estatal. Su argumento es que el Ejecutivo autonómico puede intervenir mediante servicios sociales, ayudas o recursos residenciales, pero no tiene capacidad para detener por sí mismo una resolución judicial de lanzamiento y necesita un marco estatal distinto para determinados supuestos de vulnerabilidad.
Ahí es donde entra en juego una fecha relevante: este martes.
Qué ocurrirá mañana
El Consejo de Ministros tiene previsto abordar este martes 29 de septiembre un real decreto ley de vivienda que en realidad no nació esta semana.
El Gobierno llevaba meses negociándolo. Una versión anterior sufrió un revés parlamentario en primavera y durante julio el Ministerio volvió a circular un borrador, pero las diferencias entre los socios eran tan grandes que el Ejecutivo no llegó a llevarlo a una votación que no tenía garantizada. El desahucio de Maricarmen ha acelerado unas conversaciones que permanecían encalladas.
A primera hora de este lunes, todavía no existe un texto definitivo.
Fuentes del Ejecutivo han trasladado diez grandes líneas sobre las que negocia: protección frente a desahucios de personas vulnerables, límites a la compra especulativa de vivienda por fondos, mayor estabilidad de los contratos de alquiler, regulación de los contratos de temporada, IVA para las viviendas turísticas, bonificaciones fiscales para inquilinos, incentivos a propietarios que reduzcan rentas, ayudas para comprar la primera vivienda, blindaje permanente del parque público estatal y una reducción del IVA en la construcción de vivienda protegida permanente.
Pero entre anunciar esos objetivos y convertirlos en legislación existe todavía una negociación política complicada y un abismo político difícil de atajar.
El verdadero problema está en el Congreso
El Gobierno de PSOE y Sumar puede aprobar mañana el decreto en el Consejo de Ministros.
Eso no significa que la reforma quede salvada.
Un real decreto ley debe someterse al Congreso y ser convalidado en un plazo máximo de 30 días. Si no obtiene una mayoría favorable en esa votación, queda derogado.
Y ahí está el principal rompecabezas del juego de la política.
El Ejecutivo necesita reunir nuevamente a fuerzas con planteamientos muy diferentes sobre cómo solucionar la crisis de vivienda.
Sumar decía este lunes que todavía se encontraba “lejos” de un acuerdo con el PSOE y exige cuatro elementos que considera esenciales: mayor protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, actuación sobre las viviendas turísticas y prórrogas y renovaciones más estables de los contratos.
Podemos reclama medidas de mayor alcance: entre sus condiciones ha planteado expropiar viviendas propiedad de fondos de inversión para destinarlas al alquiler social y obligar a reducir precios del alquiler.
En el otro extremo de la negociación parlamentaria, Junts reclama incentivos fiscales para que propietarios saquen vivienda al mercado, desgravaciones para inquilinos, protección del pequeño propietario y respeto a las competencias autonómicas. Sumar se ha mostrado dispuesto a negociar parte de esas bonificaciones fiscales.
El PNV defiende regular el alquiler de temporada y elevar la tributación de las viviendas turísticas, pero también reformar la ley del suelo para facilitar nueva construcción y acotar en el tiempo determinadas suspensiones de desahucios. ERC, por su parte, reclama límites al alquiler de temporada y habitaciones y mayor capacidad municipal para gravar a grandes tenedores y viviendas turísticas. EH Bildu reclama una protección permanente para personas vulnerables frente a los lanzamientos.
El PP rechaza lo que considera una política excesivamente intervencionista del Gobierno y plantea como alternativa aumentar la construcción, agilizar suelo y procedimientos y reducir impuestos. A primera hora de este lunes no había concretado cuál sería finalmente su voto sobre el texto que salga del Consejo de Ministros.
Por eso este lunes puede ser más determinante que el propio martes: el Ministerio necesita redactar un texto capaz de atravesar posteriormente un Congreso en el que los votos necesarios para aprobarlo exigen conciliar recetas muy distintas.
Lo que cambiaría para un inquilino
Una de las medidas que más directamente podría llegar a los hogares canarios es la denominada estabilización de los contratos de alquiler.
El Gobierno no habla, al menos por ahora, de contratos indefinidos, como exige el movimiento de inquilinos. La propuesta que negocia pretende permitir prórrogas extraordinarias y proteger frente a determinadas subidas cuando llegan las renovaciones, incluida la población residente en comunidades donde no se han aplicado las zonas tensionadas contempladas por la Ley de Vivienda.
Canarias está directamente implicada en ese debate porque no ha declarado zonas de mercado residencial tensionado al amparo de la ley estatal.
Otro bloque especialmente relevante para las Islas será el alquiler de temporada y las viviendas turísticas. El borrador busca cerrar la utilización fraudulenta de contratos temporales para eludir las garantías del alquiler residencial y propone que las viviendas turísticas pasen a tributar con un IVA mayor. Los detalles, sin embargo, siguen sujetos a negociación.
Y existe un tercer elemento que conecta directamente con Maricarmen: modificar la protección de personas vulnerables cuando existe ya un procedimiento judicial de lanzamiento.
Versiones anteriores del texto contemplaban reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que determinadas situaciones de vulnerabilidad pudieran suspender un lanzamiento incluso cuando existiera sentencia firme, precisamente el punto que el espacio de Sumar sostiene que habría permitido frenar el desalojo de Maricarmen.
Habrá que esperar al texto que finalmente apruebe el Consejo para comprobar si esa protección permanece y en qué condiciones.
El martes no termina nada
El Consejo de Ministros puede aprobar el decreto. El BOE puede publicarlo y algunas medidas podrán entrar en vigor en los términos que disponga la propia norma. Pero entonces empezará una segunda cuenta atrás. El Congreso tendrá hasta 30 días para decidir si mantiene o deroga el decreto.
Por eso Pedro Sánchez ha dedicado los últimos días no solo a anunciar que llevará el texto al Consejo, sino a pedir públicamente un acuerdo a los grupos parlamentarios que hicieron posible su investidura.
Maricarmen se ha convertido así en el nombre de un problema que la política llevaba meses sin conseguir resolver.
En Canarias, sin embargo, ese debate llega con una realidad propia: casi 37.000 demandantes inscritos en vivienda protegida, alquileres por encima de los 1.100 euros en distintas mediciones, procedimientos de desahucio abiertos y hogares vulnerables que pueden encontrarse sin una alternativa asumible cuando pierden su vivienda.
El caso madrileño ha puesto una cara al conflicto. Lo que se decida este martes determinará qué herramientas nuevas existirán para responder a los siguientes. Y esos siguientes casos no tienen por qué producirse a 1.700 kilómetros de Canarias.
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