Ver bien se ha convertido en un lujo para cerca de 108.000 personas mayores de 65 años en Canarias, quienes podrían estar renunciando a unas gafas o a una revisión visual por falta de recursos económicos, según alerta la Fundación Visión y Vida, en su reciente informe Pobreza visual en la tercera edad.
El Archipiélago figura entre las comunidades con mayor riesgo de pobreza o exclusión social en la tercera edad, lo que multiplica el impacto de la pérdida de visión en su autonomía, su seguridad y su calidad de vida.
Mayores con problemas de visión
En España, más de diez millones de personas superan los 65 años y una de cada cinco ya pertenece a la llamada tercera edad, pero el envejecimiento no se distribuye igual en todo el territorio.
Según los datos del informe de Visión y Vida, 410.833 residentes en el Archipiélago superan los 65 años, de los que 338.526 usan gafas u otro equipamiento óptico.
Riesgo de pobreza visual
Si a ese dato se aplica el indicador europeo AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, el resultado es contundente y se traduce en que 107.990 mayores canarios se encontrarían en riesgo de pobreza visual, es decir, con una necesidad real de corrección óptica pero con serias dificultades económicas para asumir el coste de unas gafas o renovar las que ya tienen.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión en este grupo se sitúa en el 31,9%, una de las más altas del país.
Problemas económicos
El informe destaca que, en el conjunto del Estado, el 82,4% de las personas mayores de 65 años necesita gafas, y que el coste medio de un equipamiento óptico completo ronda los 495 euros.
Trasladado a la realidad de los pensionistas, supone entre un 31,7% de una pensión media de jubilación (1.566,81 euros) y hasta un 52,8% de una pensión de viudedad (937,56 euros), justo en un contexto en el que cerca del 60% de los ingresos del hogar se destina a vivienda, suministros básicos y alimentación.
La mitad de los ingresos para gafas
Canarias, con una pensión media de jubilación de 1.449,44 euros mensuales, se sitúa en el grupo de comunidades con pensiones más bajas, por debajo de la media estatal.
Partiendo de las cifras expuestas, para un jubilado canario, unas gafas nuevas pueden suponer la mitad de sus ingresos mensuales, especialmente si vive solo. Además, es necesario tener en cuenta que, normalmente, la pensión de estos mayores suele ser el sustento de toda la familia, lo que agrava la situación.
Renunciar a actividades cotidianas
En cualquier caso, la pobreza visual no es solo una cuestión de graduación sin corregir. El informe la define como la imposibilidad económica de hacer frente al gasto que supone comprar o renovar gafas o lentillas, lo que se traduce en retrasar revisiones, alargar el uso de monturas antiguas o elegir la opción más barata aunque no sea la adecuada.
En la tercera edad, esa renuncia se convierte en dejar de realizar actividades cotidianas, como dejar de leer, de coser, de salir a la calle con seguridad o de caminar sin miedo a caídas, con el consiguiente aumento del aislamiento y la dependencia.
Necesidad que acaban abandonando
La organización subraya, además, que aunque Canarias no está en la llamada España vaciada, la dispersión insular, las distancias a determinados recursos sanitarios y la dependencia del transporte público o de terceros añaden barreras de acceso para muchos mayores, especialmente para los de más de 75 años.
En estos casos, renovar unas gafas no es solo pagarlas, sino pedir cita, desplazarse, adaptarse a la nueva graduación y volver si algo falla, un circuito que muchos acaban abandonando.
Derecho y respeto a la dignidad
El informe calcula que, en España, más de dos millones de mayores de 65 años pueden estar viviendo en pobreza visual, y sitúa a Canarias entre las comunidades donde este fenómeno es más acusado por la combinación de renta ajustada y un contexto de vida en el que muchos pensionistas siguen ayudando económicamente a hijos y nietos.
Ante este panorama, Visión y Vida reclama la creación de un sistema de ayudas públicas específicas para la salud visual de la tercera edad con rentas bajas, que garantice que ninguna persona mayor vive con mala visión por motivos económicos.
En una comunidad que envejece rápidamente y que ya convive con una de las tasas de pobreza más altas del país, el mensaje es claro y gira en torno a que en Canarias, ver bien en la tercera edad no debería ser un lujo reservado a quien puede pagarlo, sino un derecho y respeto a la dignidad de los mayores.