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Bloque de viviendas en Tenerife. / ATLÁNTICO HOY

Más de 30.000 personas siguen esperando una vivienda protegida en Canarias

El precio de los aquileres sobrepasa en Canarias los 1.100 euros de media en el segundo trimestre del año, la quinta comunidad autónoma con el arrendamiento más caro en España

B.V.

El precio de los aquileres sobrepasa en Canarias los 1.100 euros de media en el segundo trimestre del año, la quinta comunidad autónoma con el arrendamiento más caro en España, según el último barómetro del Observatorio del Alquiler (Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Alquiler Seguro). 

La presión es mayor en la provincia de Las Palmas (1.128 euros), donde cada oferta cuenta con 141 interesados, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hasta 114 personas compiten por cada casa y el precio medio es de 1.083 euros, informa Radio Club Tenerife

En el terreno de las ventas, en el primer trimestre del año el incremento de los precios fue del 12,4% en el Archipiélago respecto al mismo trimestre de 2024.

Vivienda protegida

Pero además, con respecto a la vivienda protegida, son más de 30.000 personas las que permanecen inscritas en el registro de demandantes, a la espera de una casa. Así lo ha confirmado la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María Isabel Santana, que subraya que se trata de una de las mayores demandas sociales en el Archipiélago.

En declaraciones a ese medio, Santana ha reconocido que el mercado actual “no da respuesta” a las necesidades de la ciudadanía y que el alquiler se ha convertido en un problema estructural, con precios que superan con frecuencia los 900 euros mensuales en las islas capitalinas.

La responsable del Instituto ha insistido en que la situación es especialmente grave en las zonas turísticas, donde la presión del alquiler vacacional ha disparado los precios y dificulta aún más el acceso a una vivienda digna. Frente a ello, desde el Ejecutivo regional se apuesta por ampliar el parque público con la construcción de nuevas viviendas protegidas, aunque Santana admite que el proceso es lento y no resuelve la urgencia inmediata.