La memoria democrática forma parte de los contenidos que deben abordar los centros educativos de Canarias, una decisión que no depende de cada colegio o instituto. Sin embargo, las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación para el curso 2026-2027 han reavivado el debate sobre los límites de la denominada “neutralidad institucional”, especialmente cuando asociaciones y otros colectivos participan en charlas o actividades dentro de los centros.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT) ya expresó su preocupación por la interpretación que pueda hacerse de la Resolución 73/2026 y ha trasladado a los sindicatos de enseñanza un documento con el que pretende aclarar el marco normativo. La asociación, que asegura llevar cerca de dos décadas desarrollando actividades educativas, defiende que abordar la memoria histórica en las aulas constituye una obligación legal.
La documentación oficial consultada por Atlántico Hoy confirma esa obligación, aunque permite establecer una distinción: la resolución de Educación no modifica los contenidos del currículo, sino que establece condiciones para determinadas actividades y para la participación de terceros en los centros.
La ley obliga a enseñar la represión franquista
El artículo 44 de la Ley estatal 20/2022 de Memoria Democrática establece que el sistema educativo incluirá el conocimiento de la historia y de la memoria democrática. Esta norma también ordena que los materiales curriculares desarrollen la “represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura” y contempla la actualización de los contenidos de ESO, Formación Profesional y Bachillerato.
Por otro lado, Canarias cuenta también con legislación propia. El artículo 17 de la Ley 5/2018 de Memoria Histórica de Canarias establece que el Gobierno autonómico incluirá en los contenidos curriculares de Primaria, Secundaria y Bachillerato los principios y valores recogidos por esa ley.
Por otro lado, el Decreto 30/2023 regula actualmente la ESO y el Bachillerato en el Archipiélago. En Historia de Canarias de primero de Bachillerato, por ejemplo, uno de los criterios pide expresamente identificar las causas y consecuencias de la represión franquista en las islas, recurriendo a archivos, prensa, fotografías y testimonios de represaliados y familiares.
¿Y dónde se encuentra el conflicto?
El punto conflictivo se encuentra en el apartado 3.4 de la Resolución 73/2026, elaborada por la Consejería de Educación y dedicado a las conferencias, charlas y eventos en los centros educativos.
Este apartado exige que esas actividades respondan a la "neutralidad institucional" y veta las que promuevan colectivos con una opción ideológica no neutral o que no respete los derechos fundamentales, además de prohibir simbología o material propagandístico que incite a la violencia, el racismo o la xenofobia.
Pero, por otro lado, esta misma resolución no toca ese terreno: no impide que el profesorado explique la dictadura o la represión franquista, un contenido que ya está blindado por la legislación y el currículo. El verdadero conflicto es otro: qué ocurre cuando es una asociación externa, y no un docente, quien entra en un centro a desarrollar estos mismos contenidos.
Una cláusula que no es nueva
La mención a la neutralidad institucional no ha nacido en este nuevo curso 2026-2027: la Resolución 73/2025 ya incluía una redacción casi idéntica. Poli Suárez, consejero de Educación, se apoyó el pasado mes de junio en ese precedente para defender la instrucción en el Parlamento, insistiendo en que son los equipos directivos y los consejos escolares quienes deciden qué actividades se autorizan.
La Consejería añade además dos argumentos de peso: mantiene el proyecto Archipiélago Memoria, con materiales propios sobre la Guerra Civil, el franquismo y la represión, y en junio prorrogó hasta 2029 su convenio con la Universidad de La Laguna para seguir generando contenidos curriculares de memoria histórica.
El debate, en definitiva, no es si debe enseñarse la memoria democrática, sino hasta dónde llega la neutralidad institucional cuando quien la imparte es una asociación externa. Hasta que la Comisión Técnica de la Memoria, reunida el pasado 1 de septiembre, no fije un criterio claro, esa decisión seguirá recayendo en cada centro, y la ambigüedad pesará más sobre las entidades memorialistas que sobre un currículo que la ley ya protege desde hace años.
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