La Memoria del Fiscal Superior de Canarias correspondiente al año 2024 constata un aumento de las infracciones penales cometidas por menores de edad, con un incremento tanto en diligencias preliminares como en expedientes de reforma. Los brotes de violencia de los menores en las Islas se localizan principalmente en la familia y en el entorno educativo, a través del acoso.
Según los datos recogidos, se pasó de 2.361 diligencias preliminares incoadas en 2023 a 2.620 en 2024, y de 549 expedientes de reforma a 559 en el mismo periodo. También se registró un aumento en las medidas cautelares solicitadas, que pasaron de 33 en 2023 a 38 en 2024 entre los dos juzgados de menores de la provincia, distribuidas en 12 en el Juzgado de Menores número 1 y 26 en el número 2.
En la familia en el colegio
Respecto a los "brotes específicos de delincuencia y conductas antisociales que existen en la provincia", la fiscalía señala en primer lugar a las infracciones cometidas en el ámbito familiar, como son los delitos de violencia intrafamiliar, aunque a diferencia de memorias anteriores en que se había venido observando una progresión ascendente de modo permanente en número de denuncias, en el año 2024 se ha mantenido en los mismos datos.
El otro gran ámbito de la violencia cometida por menores es el entorno educativo, con las redes sociales como herramienta para el acoso a compañeros. Según recoge la Fiscalía, en 2024 registraron que se mantuvieron las denuncias respecto a aquellas conductas violentas y atentatorias a la integridad moral, conocidas como bullyng o acoso escolar, utilizando como instrumento del delito las redes sociales, o exposición a violencia sexual, explica.
En este sentido explican en el informe que observan lentitud de los programas de prevención desde la Consejería de Educación y las autoridades escolares cronifica los casos, lo que deriva en que sea necesaria la intervención judicial en lugar de educativa, a pesar de lo exigido por la Ley Orgánica 8/2021, de protección de menores frente a la violencia.
Causas
Entre las causas en esta situación apuntan la crisis económica y habitacional ha provocado un aumento de menores en situación de abandono de facto, lo que ha generado en muchos casos brotes de "ira palpable" que fomentan comportamientos violentos en el entorno familiar, incluso motivados por la falta de cobertura de necesidades básicas y ocupaciones de viviendas como alternativa a vivir en la calle.
En cuanto a las respuestas no penales, la Fiscalía destaca un mayor uso de soluciones extrajudiciales en casos de conflictos familiares, violencia sexual o uso indebido de redes sociales, a través de asociaciones como Opción 3 —con los programas Rumbo y Alondra— y SUM+S, con intervenciones terapéuticas ambulatorias.