El informe de la Fiscalía Superior de Canarias de 2024 ha vuelto a alertar de los problemas para la atención y el “desbordamiento” que están registrando los juzgados de violencia sobre la mujer de Tenerife. La comarcalización de los servicios, aglutinando los casos en Santa Cruz y Arona, el aumento de las denuncias sin el incremento de personal, la ausencia de las Oficinas de Atención a la Víctima y la falta de funcionamiento de als Unidades de Valoración Integral está gerando un tensionamiento en los juzgados en materia de violencia de género.
“Hoy por hoy no hay infraestructuras adecuadas donde pueda estar la mujer con niños pequeños, donde pueda tener una entrevista con su letrado, donde tenga un servicio, una máquina de café o algo humano para que esta persona que acaba de sufrir una agresión esté en condiciones para poder prestar declaración con dignidad”, ha denunciado este martes la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez.
Farnés ha entregado este martes el informe de la fiscalía de 2024 al Parlamento de Canarias para su posterior debate por los grupos parlamentarios. Posteriormente a la reunión con la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, Farnés ha denunciado que hay una clara diferencia entre las infraestructuras de los juzgados de violencia de género entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife “desde hace años y no parece que esto avance”.
Comarcalización de la justicia
En este sentido ha apuntado que actualmente los juzgados de Santa Cruz de Tenerife acogen la violencia de La Laguna y de Güímar. “Si antes las infraestructuras no eran adecuadas para el número de víctimas que atendía solamente en Santa Cruz, ahora, si tiene que atender la violencia de Güímar y La Laguna, mucho peor”, ha explicado.
El informe recoge que la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha experimentado un notable aumento en los casos de violencia de género a lo largo de 2024, especialmente desde la entrada en vigor de la comarcalización de la justicia, operada por el Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre. Este cambio ha generado un gran volumen de trabajo en los partidos judiciales de Santa Cruz de Tenerife y Arona, que no ha sido acompañado de una mayor dotación de recursos humanos y materiales, lo que ha tenido consecuencias negativas en la atención a las víctimas y en la correcta tramitación de los procedimientos.
Desbordamiento
Uno de los principales problemas detectados es el desbordamiento del servicio de guardia, ya que en ocasiones se manejan entre 8 y 12 procedimientos diarios, llegando en algunos casos a cifras superiores, recoge la memoria. Esta carga ha dificultado la presencia del Fiscal en todas las declaraciones de víctimas, testigos e investigados, lo que anteriormente era una práctica habitual, recogen.
Además, reprochan que las víctimas de violencia de género deben desplazarse largas distancias desde sus domicilios hasta las dependencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVMS), lo que, según los expertos, crea un efecto desincentivador en muchas de ellas. Este tipo de desplazamientos y la consiguiente demora en los procesos judiciales pueden agravar aún más su sufrimiento y desánimo.
Avances y retrocesos
Recoge la memoria que lo largo de 2024, se han llevado a cabo varias reuniones entre organismos implicados en la lucha contra la violencia de género, como la Unidad de Violencia de Género del IASS, el Instituto Canario de Igualdad y la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno. De estas reuniones, surgió un acuerdo para protocolizar la forma en que se facilitará la información de las víctimas que han recibido asistencia psicológica en los Servicios de Información y Atención a la Mujer (SIAM).
Sin embargo, a pesar de estos avances, existen importantes deficiencias estructurales que siguen afectando a la atención integral de las víctimas. Una de las más significativas es la falta de funcionamiento de las Unidades de Valoración Integral especializadas en violencia sobre la mujer. Estas unidades son necesarias para realizar informes psico-familiares que evalúen el estado psicológico de las víctimas, pero en su lugar se recurre a un pequeño equipo psicosocial, integrado por dos psicólogas y una trabajadora social para toda la provincia. Debido a esta limitación, los informes solicitados en las diligencias previas se demoran durante meses, lo que retrasa el proceso judicial y dificulta la correcta atención a las víctimas, han detectado.
Otro de los grandes desafíos es la ausencia de las Oficinas de Atención a la Víctima, que debían ser un apoyo clave para las mujeres que deciden participar en los procedimientos judiciales. Sin estas oficinas, las víctimas no reciben la información adecuada sobre los derechos y ayudas a los que pueden acceder, lo que genera temor y desconfianza. Muchas mujeres, al no conocer las medidas de protección y las ayudas disponibles, optan por abandonar el proceso judicial, creyendo erróneamente que esa es la mejor solución para su seguridad y bienestar.