Los casos de discriminación racial aumentaron un 13% en 2024, con un total de 2.913 incidencias registradas a nivel nacional, según datos de la Memoria anual de resultados del Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación.
Sin embargo, el número de casos en Canarias ha descendido. De las 187 incidencias registradas en 2023, el año siguiente solo fueron 150, un 20% menos. Desde CEAR advierten que esta bajada se debe al miedo a denunciar por parte de las personas migrantes al temer que haya represalias debido a su situación administrativa.
Roberto Zuppa, técnico de CEAR en Las Palmas, señala que muchas de las personas que acuden a contar alguna situación de discriminación tienen miedo de denunciar. “Nos da igual su situación administrativa en estos casos”, ya que la importancia está en denunciar y que conozcan sus derechos.
Acompañamiento
Canarias registró 150 casos (117 individuales y 33 colectivos), lo que supone un 5% del total nacional. El Archipiélago se sitúa en un nivel intermedio en el conjunto de las comunidades autónomas. Encabeza la lista Madrid, con 498 casos, seguida de Andalucía (314), Baleares (229) y Cataluña (221). En el extremo inferior aparecen regiones como Extremadura (55 casos) o el País Vasco (56 casos).
En las Islas, la atención se canaliza a través de las oficinas presenciales de Las Palmas (66 casos) y Santa Cruz de Tenerife (84 casos). Zuppa expone que “se atiende a la persona, se la acompaña, se le hace un asesoramiento y registramos la denuncia”.
“Aunque, en muchos casos, por ejemplo aquí en la provincia de Las Palmas, donde trabajo, se trata más de prevención a través de la formación con los distintos agentes. Más allá de denunciar, lo que intentamos también es encontrar soluciones”, añade.
Ámbitos de discriminación
El técnico de CEAR, desde su experiencia en Las Palmas, destaca que muchos de los casos se producen en el ámbito de la banca, al negarse abrir cuentas bancarias, por ejemplo; así como en sanidad, donde se facturan los servicios médicos a personas migrantes sin recursos, incluso con enfermedades graves, lo que obliga a recurrir a vías legales para reclamar.
Además, la discriminación se produce también en ámbitos como la vivienda, tanto en acceso a la compra como alquiler, y dificultades para el empadronamiento, que bloquean el acceso a otros derechos básicos. En cuanto al empleo, Zuppa señala que, aunque se suelen respetar los derechos del contrato, como el salario pactado, se detectan jornadas abusivas y obstáculos para la conciliación. En general, “las trabas administrativas o la falta de acceso a ciertos servicios provocan muchos problemas de salud mental”, destaca.
En el conjunto nacional, la principal área de discriminación detectada es el acceso a bienes y servicios (23 % de los casos), seguida del empleo (14 %), la sanidad (11 %) y la vivienda (10 %).
Recursos para denunciar
Zuppa subraya que en Canarias hay recursos públicos para denunciar y asesorar, como la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delito del Gobierno de Canarias (aún en fase de estructuración).
“Nosotros, desde CEAR, atendemos el eje de discriminación racial o étnica. También hay recursos específicos para mujeres — como Mujeres Cooperación y Solidaridad —, acceso al empleo y derechos laborales (CEPAIM y sindicatos), o la igualdad en los servicios sanitarios, como ODDUS — con quienes han elaborado un modelo de quejas “informal” para temas de discriminación —. Además, colaboramos con Policía Nacional y Guardia Civil, que tienen unidades especializadas en discriminación y delitos de odio”, explica Zuppa.
El informe del CEDRE concluye que visibilizar y denunciar los casos de discriminación racial es clave para combatir la infradenuncia y mejorar la respuesta de las instituciones públicas, por lo que animan a las víctimas o testigos de discriminación racial a utilizar el servicio gratuito de asistencia (teléfono 021, WhatsApp y oficinas presenciales) para recibir asesoramiento jurídico y psicosocial.