La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha considerado muy positivo el cambio en la Ley de Dependencia aprobado en el Congreso, no solo porque el Estado transferirá el 50 % de la financiación que hasta ahora aportaban las comunidades autónomas, sino también porque permitirá agilizar "considerablemente" el reconocimiento de los grados de discapacidad.
Monzón ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar las acciones desarrolladas por su Consejería en torno a la discapacidad. Ha destacado que, gracias a esta modificación legal, las personas con un grado uno de dependencia pasarán automáticamente a tener reconocido un 33 % de discapacidad, y con los grados dos y tres podrán alcanzar hasta un 65 % de discapacidad.
No obstante, la consejera ha recordado que el Gobierno de Canarias ya fue pionero en esta legislatura en la agilización de los procedimientos para el reconocimiento de la discapacidad. Por eso, al igual que ella aplaude los avances del Estado, también este debería reconocer el esfuerzo de Canarias, que además ha asumido las aportaciones en dependencia que hasta ahora no realizaba el Ejecutivo central, ha reivindicado.
Se duplican las resoluciones
Monzón ha señalado que fue un acierto por parte del Gobierno de Canarias poner en marcha un sistema de reconocimiento de la discapacidad "más ágil y también más justo". Esto ha permitido que entre enero y mediados de mayo se hayan generado 7.141 resoluciones de discapacidad con derecho reconocido, el doble que en el primer semestre de esta legislatura, cuando fueron 2.729 resoluciones.
También ha destacado que se ha mejorado la coordinación entre las Consejerías de Bienestar Social y de Sanidad, lo que ha permitido la formación de 250 profesionales para agilizar las valoraciones de discapacidad y el acceso a la historia clínica electrónica.
"Queda muchísimo por hacer, pero se ha trabajado intensamente" para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios sanitarios de forma más segura, cómoda y autónoma, ha manifestado la consejera.
Accesibilidad y comunicación
Monzón ha subrayado las mejoras en las tarjetas de acompañamiento y accesibilidad para personas con discapacidad o con dificultades de comunicación en los servicios sanitarios, que han alcanzado casi las 40.000, cuando en febrero de 2024 se limitaban a algo más de 20.000.
También se ha referido a los avances para facilitar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva, con la instalación de 49 bucles de inducción magnética en centros de atención primaria.
Además, se han abierto once unidades de atención temprana y está previsto abrir nueve más, a la vez que se trabaja en un modelo de atención multicanal que garantice que ningún paciente quede excluido por no disponer de medios tecnológicos.
Cribado neonatal y salud mental
La consejera ha señalado avances en los servicios de detección precoz de la discapacidad y de enfermedades neonatales, con tres programas de cribado neonatal que han permitido pasar de 18 a 49 enfermedades metabólicas, a las que próximamente se sumará otra hasta llegar al medio centenar.
En cuanto a las infraestructuras sanitarias, Monzón ha indicado que, en cumplimiento de la ley, cualquier obra nueva o reforma en un centro de salud o en un hospital debe incluir todas las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad. Ha admitido que aún hay edificios antiguos con dificultades, pero que se incorporan medidas conforme se reforman.
Respecto a salud mental y discapacidad, ha señalado que en esta legislatura se ha abierto una unidad de noche y un centro de día de rehabilitación psicosocial, entre otros avances.
Próximas prioridades
"Hemos acelerado el ritmo en atención a la discapacidad", ha dicho la consejera, antes de repasar isla por isla algunas de esas mejoras y afirmar que el objetivo es seguir ampliando el número de actuaciones con impacto directo en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Entre las prioridades, ha citado mejorar la accesibilidad y la comunicación, reducir la brecha digital, ampliar los recursos de salud mental, implantar nuevas unidades de atención temprana, fortalecer la coordinación entre administraciones y adaptar las políticas sanitarias al envejecimiento de la población con discapacidad.
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