Profesionales y familias de las Escuelas Infantiles dependientes de la Consejería de Bienestar Social han denunciado públicamente la situación de "abandono y discriminación" que, aseguran, sufren los menores escolarizados en estos centros.
Según recoge Intersindical Canaria en un comunicado difundido este martes, a pesar de que la normativa "define el primer ciclo de Educación Infantil como una etapa educativa única", en Canarias al parecer "persiste una clara desigualdad entre los centros gestionados por la Consejería de Educación y aquellos adscritos a Bienestar Social", generando una situación que los afectados califican como “niños de primera y niños de segunda”.
Aulas y personal
La situación habría alcanzado un punto crítico en los últimos meses. "Varias escuelas infantiles de la red de Bienestar Social se han visto obligadas a cerrar aulas completas durante días ante la falta de cobertura de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). A diferencia de lo que ocurre en los centros dependientes de Educación, donde existen mecanismos más ágiles para cubrir bajas y reforzar plantillas, en Bienestar Social la burocracia y la falta de previsión provocan interrupciones recurrentes del servicio, dejando a las familias sin atención y vulnerando el derecho a la educación de los menores", señalan.
Esta precariedad, insisten, se extiende también al personal no docente. "Trabajadores de limpieza se ven obligados a asumir la carga de hasta dos compañeros de baja durante meses, mientras que el personal de cocina debe sustituir al cocinero o cocinera del centro por servicios de catering, pese a existir listas de reserva actualizadas".
Marco normativo "obsoleto"
Desde el sindicato apuntan que tanto profesionales como familias han denunciado además el uso de una normativa "claramente desfasada" porque la Consejería de Bienestar Social "continúa aplicando el artículo 16 de una Orden de septiembre de 1994 para regular horarios y funcionamiento de estos centros, una regulación de más de 30 años que responde a un modelo asistencialista ya superado legalmente".
Esta situación, insisten, "contrasta con lo establecido en el Decreto 446/2023, que en su Disposición Adicional Primera señala que estos centros deben gestionarse conforme al currículo educativo vigente, recogido en el Decreto 196/2022". Sin embargo, en la práctica, "los educadores se ven obligados a cumplir objetivos pedagógicos actuales bajo condiciones propias de una guardería, sin tiempos de preparación, sin personal de apoyo suficiente y con jornadas que no se ajustan a la realidad educativa del siglo XXI", señalan.
Vulneración
Intersindical destaca que para los portavoces del colectivo "no es solo una cuestión de derechos laborales, es una cuestión de derechos de la infancia” porque "los niños y niñas de las escuelas infantiles de Bienestar Social no reciben el mismo tiempo de atención individualizada ni disfrutan de la misma estabilidad del personal que los escolarizados en centros dependientes de Educación, lo que genera una fractura del sistema educativo canario desde su etapa más temprana".
Ante esta situación, el sindicato exige "la intervención inmediata del Gobierno de Canarias para unificar las condiciones de gestión de todas las escuelas infantiles públicas, con independencia de la Consejería de la que dependan" así como actualizar "de forma urgente las RPT para evitar el cierre de aulas por falta de personal" y dejar sin efecto "la aplicación de la Orden de 1994, adaptando horarios y calendarios a la realidad educativa actual".